Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, mencionó el 21 de diciembre que está en conversaciones con los representantes de la empresa privada que administra el OCP para llegar a un acuerdo y revertir esta infraestructura al país, en el 2018. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
El Gobierno busca adelantar el traspaso del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), por el que se transporta petróleo desde la Amazonía hasta Esmeraldas, al Estado ecuatoriano.
Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, mencionó el 21 de diciembre del 2017, en una entrevista radial, que está en conversaciones con los representantes de la empresa privada que administra el OCP para llegar a un acuerdo y revertir esta infraestructura al país, en el 2018. Es decir, antes de que termine la concesión.
El contrato establece que la empresa y la infraestructura del OCP pasará de forma gratuita al Estado en noviembre del 2023.
Pero Pérez enfatizó que el porcentaje de crudo liviano transportado está cambiando frente al crudo pesado.
Por las características actuales del petróleo ecuatoriano, el OCP, que transporta crudos pesados, será más utilizado. Mientras que con el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) que está a cargo del Estado y transporta crudo liviano, ocurrirá lo contrario.
Esta situación se presenta, porque desde fines del 2016 en la producción nacional hay una contribución considerable que proviene del bloque 43 Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT). De esta área se extrae crudo que tiene 14 grados de densidad, es decir es más pesado con relación a aquellos de 24 o 28 grados de densidad.
“Al país le conviene (el traspaso), porque permite manejar mejor los diferentes tipos de crudo sin necesidad de mezclarlos como se hace ahora”, sostuvo Pérez. La combinación de estos productos reduce la calidad del hidrocarburo y afecta al precio, debido al castigo que se aplica en estos casos.
El OCP transportó, en promedio diario, 164 375 barriles de crudo ecuatoriano entre enero y octubre del 2017, según cifras de Petroecuador. Aunque su capacidad es de 450 000 barriles.
En esta infraestructura la empresa privada invirtió USD
1 400 millones. Pero si se adelanta la entrega, el Gobierno ecuatoriano planteará en la negociación hacer un cruce de cuentas para determinar si existe o no un monto por amortizar.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) reclama a esta compañía valores pendientes de pago. El tema está en instancias judiciales. Este Diario solicitó el 21 de diciembre a OCP información sobre el tema. La firma dijo que enviará sus respuestas próximamente.
Este no es el único tema que Negocia el Gobierno. El Ministro de Hidrocarburos reiteró ayer que en la renegociación de los contratos de preventa con firmas asiáticas se planteará tres ajustes: el cambio de la fórmula para fijar el precio del crudo, revisar los volúmenes comprometidos y redefinir el costo del transporte.
En el caso que no se acepten estas condiciones, el Gobierno considera precancelar la deuda pendiente con estas compañías para liberar el crudo.
Para esto se requieren unos USD 5 000 millones.
Este monto podría ser financiado por, al menos, ocho empresas que han mostrado su interés en recomprar estos contratos en mejores condiciones. Las propuestas plantean un compromiso de envío de crudo menor al que mantiene el país con dos empresas chinas y una tailandesa.