Un grupo de conductores pidió la nulidad de las infracciones por fotomultas y fotorradares. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
La audiencia se inicia a las 09:30 de hoy, 7 de junio, en la Unidad de Tránsito, al norte de Quito. Allí, el juez Víctor Romero analizará la demanda de 40 conductores en contra del Municipio de Quito y de la la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
En la acción legal, que se presentó el 9 de mayo, el grupo pidió la nulidad de las infracciones por fotomultas y fotorradares que no fueron notificadas en 72 horas. Y se amparan en el artículo 179 de la Ley de Transporte Público.
Sin embargo, la AMT señala que ese tiempo “no corresponde ni aplica” para las contravenciones registradas por las cámaras, pues en el mismo artículo se menciona que las infracciones que son registradas por medios electrónicos o tecnológicos deben ser notificadas “en los términos establecidos en el reglamento”.
De allí que en ese documento no se establece un tiempo específico para la notificación del infractor.
Por eso las autoridades de la AMT señalan que no se ha cometido ninguna violación de derechos en el proceso de notificación de las multas. De hecho, dicen que la razón por la cual el 20% de los infractores no son notificadas es por la falta de actualización de los datos, de los mismos usuarios, en la Agencia Nacional de Tránsito. Es decir, cambiaron de casa, trabajo, correo electrónico o número de celular.
Para evitar esto, desde enero empezaron a recolectar información propia. Ahora cada usuario debe llenar una ficha de datos durante la revisión.
Danny Gaibor, abogado de los 40, señala que los tres días es el tiempo que se establece en la ley y debe ser acatado por la autoridades.