Heriberto Cabezas muestra la demanda en que explica que no fue notificado a tiempo. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO
Es una realidad. Las notificaciones por infracciones de tránsito captadas por las cámaras no llegan en su totalidad a los conductores o son enviadas a destiempo. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, el 20 % de los conductores que son sancionados por fotomultas y fotorradares no reciben las citaciones.
Heriberto Cabezas hace parte de ese porcentaje. Él es taxista y trabaja en Quito. Fue captado por una cámara cuando cruzó un semáforo en rojo. Según el reporte de la AMT, la infracción se cometió el 1 de noviembre del 2015, pero la citación llegó el 30 de marzo de este año. Es decir cuatro meses después de cometida la falta.
Lo mismo le ocurrió a Ana Lucía Guapi. Los radares que están ubicados en la Av. Simón Bolívar, al oriente de la capital, la multaron dos veces en diciembre y enero, pero fue notificada en febrero.
Pero, ¿en cuánto tiempo debe ser informada una multa?
La ley de Transporte Público menciona en su artículo 179 que las citaciones en estos casos se deben remitir al domicilio del propietario del vehículo en un plazo que no supere las 72 horas contadas desde la fecha en que fue cometida la infracción de tránsito.
Además, faculta que las boletas puedan ser enviadas por medios tecnológicos. De allí, que la AMT usa mensajes de texto y correos electrónicos para informar las faltas. En Quito existe un promedio diario de más de 100 personas que son multadas por fotorradares, mientras que por fotomultas de enero a octubre del 2015 se reportaron 100 088 sanciones.
Pero existen casos en que la boleta no llega por ningún medio y los dueños de los vehículos se enteran cuando se disponen a matricular el carro o a renovar las licencias. Es decir después de semanas y hasta meses, que les genera intereses de mora y les imposibilita impugnar la infracción.
Por eso los usuarios piden legalmente que al no ser avisados en tres días, esas multas sean anuladas.
Actualmente se analiza esa problemática en la justicia. 40 personas que fueron informadas de infracciones en Quito a destiempo recurrieron al juzgado primero de Tránsito y plantearon una acción de protección en contra del Municipio y de la AMT. La demanda fue presentada el 9 de mayo y en seis hojas piden la nulidad de las multas porque no fueron informadas a tiempo.
Danny Gaibor, abogado de los 40 conductores asegura que al no existir una boleta, “las personas no conocen de las sanciones, las cuales al no ser pagadas generan intereses. Tampoco pueden impugnar y son obligados a pagarlas, pues de lo contrario no pueden matricular los carros”.
La decisión de si se da paso o no a la nulidad se conocerá mañana en una audiencia a la que están citados el titular de la Defensoría Pública, Ernesto Pazmiño, y el procurador General del Estado, Diego García.
Este último fue llamado a pedido del juez, Víctor Romero, pues la decisión puede ser vinculante y obligatoria para el país. Es decir podrían anularse las multas que se registraron en otras ciudades también.
En el país, en el 2015, los fotorradares generaron USD 13.7 millones en multas, de los cuales se cancelaron 6.8.
Fausto Miranda, supervisor de la AMT, dijo estar seguro de que ganarán en la audiencia, pues ya lo han hecho en dos ocasiones anteriores por la misma causa.
Además, asegura que no se está violando ningún derecho y que se notifica dentro de los tres días establecidos.
Explica que quienes no reciben las citaciones es porque tampoco actualizan en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) su dirección, e-mail o teléfono. Por eso, desde enero la AMT está creando una base de información propia para evitar inconvenientes.