El asambleísta Ricardo Zambrano, secretario ejecutivo (e) de Alianza País, defendió ayer su designación. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Los mensajes de las cuentas de redes sociales y de la página web de Alianza País (AP) se parcializaron, según la directiva nacional morenista. La mayoría es a favor del expresidente Rafael Correa y en contra de Lenín Moreno.
El 24 de noviembre, durante 10 horas, hubo 52 publicaciones en Twitter celebrando el retorno de Correa al país. También se registraron 12 tuits con críticas hacia Moreno y la convocatoria que realizó el jueves para cambiar a dos autoridades de la Dirección Nacional de AP.
Por eso, una de las primeras acciones que realizará Ricardo Zambrano, como secretario ejecutivo de AP encargado, será pedir las contraseñas de todos los canales digitales de información del movimiento verdeflex.
Él acusó a Gabriela Rivadeneira de tomar partido por una facción y de anteponer una posición personal. “Hay un manejo sesgado”, comentó el también legislador, que ha apoyado públicamente al presidente Lenín Moreno.
Además de pedir las contraseñas, también solicitará que se le entreguen las llaves de la sede principal del movimiento, ubicada en la avenida De los Shyris, en Quito.
La petición tuvo una respuesta inmediata de Juan Cárdenas. Él es cercano a las tesis del exmandatario Rafael Correa. Hasta ensayó una broma al respecto, tras ser consultado. “Se han perdido las llaves”, dijo en la Asamblea.
Gabriela Rivadeneira, por su parte, insistió en que ella sigue a cargo de la Secretaria Ejecutiva de AP. Y sobre las llaves de la sede dijo: “No tengo por qué (entregarlas)”. A su criterio, la sanción contra ella y otros ocho adherentes fue ilegal.
El control de los canales de información resulta estratégico en Alianza País, porque es el medio a través del cual la militancia recibe disposiciones. Además, se enteran sobre cambios o decisiones en las directivas. El 23 de noviembre, por ejemplo, en las cuentas de AP se retuiteó la publicación del legislador Carlos Viteri G., también cercano al correísmo, en la que informaba sobre la destitución del presidente del movimiento en Pastaza.
Entre la anterior y esta semana, también se ha cesado en funciones a dirigentes de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago.
Viteri, que también es asambleísta, comentó que los cambios se produjeron porque los titulares no cumplieron con su trabajo. Negó que sea una retaliación política a esos directores por haberse colocado en el lado morenista. El supuesto incumplimiento a los estatutos internos de la organización no fue resuelto por la Comisión de Ética del movimiento, confirmó el propio Viteri.
El lado morenista, en cambio, espera llamar a elecciones internas para elegir a nuevas autoridades provinciales.
Este Diario consultó a Comunicación de AP sobre la posible entrega de las cuentas a Zambrano. Mariela Giler indicó que él no era adherente del movimiento. Zambrano, por su parte, confirmó que sí era adherente y fundador de AP.
El Secretario Ejecutivo encargado no solo se limitará a buscar el control en la información oficial de Alianza País. Señaló que se transparentarán las cuentas económicas. El 24 de noviembre mencionó que no existe un informe de labores en el que se especifique en qué se invirtió el dinero de la agrupación.
La decisión que tome el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre la legalidad de las autoridades de Alianza País será clave, según Zambrano, para pedir el respeto a la institucionalidad de AP.
A su criterio, el 31 de octubre se dio un “golpe de Estado” cuando una parte de la Dirección Nacional resolvió sancionar y cesar en sus funciones a Moreno y reemplazarlo por el exconsejero presidencial Ricardo Patiño.
La Dirección de Comunicación Política del movimiento emitió el jueves un comunicado, en él calificó de “espuria” la decisión del otro grupo oficialista de suspender los derechos políticos durante seis meses a Patiño y a Gabriela Rivadeneira. En su lugar fueron nombrados la canciller María Fernanda Espinosa y el manabita Ricardo Zambrano.
En contexto
El retorno de exmandatario Rafael Correa profundiza la crisis dentro del movimiento oficialista, que tiene dos bandos. Cada uno con distintas autoridades. Existe una demanda en el Tribunal Electoral, para resolver la legalidad de la dirigencia de Alianza País.