18 de marzo de 2015 15:17

Monseñor Julio Parrilla: El Estado, en democracia, tiene un papel integrador

Monseñor Julio Parrilla, obispo de Riobamba. Foto: Pavel Calahorrano/ EL COMERCIO.

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Evelyn Jácome

La entrevista a Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, publicada este 17 de marzo del 2015 en el Diario EL COMERCIO causó conmoción en la sociedad.

La frase: “El Estado debe enseñar a la mujer a postergar su vida sexual”, generó un debate, especialmente entre las activistas por el derecho de la mujer.

Monseñor Julio Parrilla, obispo de Riobamba, habla sobre la entrevista a Alexis Mera:

“Creo que no se puede decir que el papel del Estado es ‘educar a la sociedad’. Una cosa es educar a la sociedad y otra, muy diferente, es garantizar la educación de las personas. En el fondo, depende del concepto que tengamos de Estado... En China, el Estado dice cuántos hijos puedes tener, y te castiga severamente si te saltas la norma.

En un Estado de derechos, de derechos humanos, democrático, ético, pluralista, integrador, respetuoso de las diferencias, afirmar que el Estado es quien educa no es correcto. Están la persona, la familia, el derecho irrenunciable de los padres de educar a sus hijos, las sociedades intermedias y, en definitiva, la libertad de conciencia.

Es verdad que los derechos del hombre se han extendido a los derechos de los pueblos y de las naciones, pero eso no justifica ningún tipo de estatismo. Al contrario, el Estado, en democracia, tiene un papel integrador, subsidiario, garantista. Y lo primero que tiene que garantizar es la libertad de conciencia (incluida la libertad religiosa). No es el Estado quien tiene que decir cuándo accedes al ejercicio de la genitalidad (con frecuencia no distinguimos sexualidad de genitalidad), ni cuántos hijos tienes que tener, ni si debes ser religioso, agnóstico o ateo. El Estado lo que tiene que garantizar es que el ciudadano pueda vivir en justicia y libertad: pensar, expresar, educar y educarte según los valores, creencias y convicciones de cada cual, al amparo de una ética basada en la dignidad de la persona y en el bien común.

Con base a todo esto, el Estado puede y debe informar, cuidar la salud pública y moral de los ciudadanos, crear cauces de participación y de corresponsabilidad, pero nunca suplantar a la persona y a la familia en su derecho a educar a sus hijos”.

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