La minería a mediana y gran escala avanza entre escollos

El proyecto Río Blanco, ubicado en Azuay, está paralizado desde el pasado 6 de mayo. Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

El proyecto Río Blanco, ubicado en Azuay, está paralizado desde el pasado 6 de mayo. Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

El proyecto Río Blanco, ubicado en Azuay, está paralizado desde el pasado 6 de mayo. Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

La minería, a mediana y gran escala, es la gran apuesta del Gobierno para generar inversiones y empleo. Pero la actividad enfrenta un escenario difícil.

Hay cinco proyectos mineros estratégicos: Mirador, Río Blanco, San Carlos Panan­tza, Fruta del Norte y Loma Larga. Los tres primeros están suspendidos temporalmente. Uno por temas ambientales y los otros dos por conflictos sociales.

Para el Gobierno, superar estos escollos es clave para el desarrollo de la actividad, que cada vez adquiere mayor importancia para la economía.

Este año la industria contribuirá con USD 50 millones por regalías anticipadas y con USD 1 000 millones en inversiones. Además, al cierre del año pasado empleaba de forma directa a más de 5 000 personas.

El 40% de obras en el proyecto de cobre Mirador, ubicado en Zamora Chinchipe, está suspendido desde el pasado 21 de marzo de este año, por observaciones ambientales.

Los comuneros protestaron en Quito para pedir la reactivación de la obra. Ecuacorriente, concesionaria del proyecto, incumplió con los planes de manejo ambiental aprobados, según el Ministerio del ramo.

De 31 observaciones, la empresa aún trabaja para subsanar 14, motivo por el cual la Cartera de Estado aún no levanta la suspensión.

Entre las irregularidades están la apertura no planificada de vías, el inadecuado manejo y funcionamiento de las piscinas de sedimentación, la mala gestión de escombros y otros, explicó Tarsicio Granizo, titular de Ambiente.

Por este proceso de control, se multó a la empresa con USD 77 000. El Ministro explicó que no es la primera vez que se hacen observaciones al proyecto.

Mirador registró cuatro procesos administrativos previos desde el 2015, por incumplimientos ambientales.

Otros proyectos a gran y mediana escalas están suspendidos por temas sociales.

San Carlos Panantza, en la provincia de Morona Santiago, se paralizó en el 2006, cuando el campamento fue quemado e invadido por la comunidad Shuar-Achuar Nankints.

En el 2016, las actividades se reanudaron y se empezó la construcción de un nuevo campamento, pero surgieron otros ataques de miembros de esa comunidad. Desde entonces no se ha reactivado.

Los indígenas denunciaron que la actividad se desarrolla en territorio ancestral. La firma explicó, en su momento, que enfrentaron procesos legales sobre la titularidad de los terrenos, pero que los ganaron.

Río Blanco, proyecto localizado en Azuay y que está en fase de extracción beneficio, también se paralizó desde el 6 de mayo, por un enfrentamiento con grupos antimineros.

Según la ministra de Minería (e), Rebeca Illescas, los atacantes se sustrajeron siete cajas de dinamita, de las cuales se recuperó una parte. La zona del proyecto aún sigue resguardada por 170 militares y policías.

Algunos comuneros rechazan la presencia de la empresa china Ecuagoldmining, concesionaria de Río Blanco. El comunero José Puín señaló que están alterando el páramo sensible y el humedal.

Estas denuncias han sido negadas y rechazadas por los Ministerios de Minería y Ambiente.

Granizo explicó que el proyecto no registra incumplimientos ambientales y no hay evidencia de contaminación de fuentes de agua.

Para la Ministra de Minería, pese a estas preocupaciones de las comunidades, no se puede hablar aún de conflictos socioambientales. Señaló que las autoridades están abiertas al diálogo y producto de ello, por ejemplo, en Río Blanco se acordó a finales del año pasado que la planta de beneficio de la minera -donde se procesan los metales- se ubicará en Ponce Enríquez, que está fuera de la zona del proyecto.

En tanto, en Loma Larga, que también está en el Azuay, avanzan según lo previsto en la fase de exploración avanzada, pero el Gobierno Provincial del Azuay y el Municipio de Cuenca han expresado su preocupación por la posible contaminación de fuentes de agua.

Según Jorge Barreno, gerente de la empresa INV Minerals, encargada del proyecto, en la obra se cumplen los parámetros ambientales. Por ejemplo, en la fase actual se usa el proceso de recirculación de recursos hídricos, mediante el cual se reúsa el agua lluvia para el proceso de perforación, dijo.

El proyecto Fruta del Norte, que está en fase de construcción, avanza con normalidad. Si bien el Ministerio del Ambiente levantó observaciones al plan ambiental en diciembre pasado, estas fueron resueltas de forma rápida por la empresa Lundin Gold. Este mes, el Ministerio verificará el cumplimiento de las acciones.

En cuanto a la mediana y pequeña minería, existen 1 500 concesiones. De ellas, la mayoría no está regularizada. No tienen permisos ambientales del Ministerio ni de la Secretaría del Agua, según Granizo. 

La actividad minera ilegal es otro punto complejo en el sector. El Ministerio de Minería señaló que está haciendo controles y operativos para erradicar estas operaciones. 

Las zonas más conflictivas se ubican en cuatro provincias.

En medio de este panorama, el Ministerio de Minería se fusionará con Hidrocarburos y Electricidad en 90 días. Illescas precisó que este cambio no tendría por qué afectar las actividades de la Cartera.

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