El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, durante su comparecencia hoy en el Palacio de la Moncloa para hacer una declaración tras la celebración del 9N en Cataluña. Foto: EFE.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, negó hoy la posibilidad de llevar a cabo una reforma de la Constitución para convocar un referéndum de independencia en Cataluña.
El domingo pasado unos 2,3 millones de residentes en esa comunidad autónoma del noreste de España, de 7,5 millones de habitantes, participaron en una votación informal que sus promotores presentaron como un proceso destinado a hacer patente el deseo de la región de poder convocar una consulta soberanista.
El Gobierno central rechaza ese planteamiento y hoy Rajoy, en su primera comparecencia ante la prensa desde el domingo, aseguró que se opondrá a la celebración de un referéndum soberanista.
El jefe del Ejecutivo español hizo hincapié en que en la votación del domingo sólo participó un tercio de los mayores de dieciséis años que podían hacerlo, lo que a su juicio implica que la iniciativa del presidente catalán, Artur Mas, no sedujo a los otros dos tercios.
La no participación de éstos llevó a Rajoy a subrayar hoy que Cataluña es plural y que los independentistas no son mayoría.
El Gobierno español ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la convocatoria formal de la consulta, en primer lugar, y el proceso participativo que finalmente se llevó a cabo el domingo, y ambos fueron suspendidos por el Constitucional a falta de pronunciarse sobre su legalidad.
En respuesta a la petición de diálogo formulada el lunes por Mas, Mariano Rajoy afirmó hoy que “no se puede pedir al presidente del Gobierno que negocie la soberanía nacional”, depositada en todos los españoles.
Como vía legal para intentar sacar adelante la propuesta soberanista, Rajoy recordó a los nacionalistas que el Parlamento regional puede plantear la reforma de la Constitución, aunque ya anticipó que ni él ni su grupo, el Partido Popular (PP, centroderecha) estarán de acuerdo en hacerlo si eso supone “liquidar” la soberanía nacional.
Una eventual reforma constitucional requiere en España una mayoría parlamentaria reforzada que haría necesario el consenso con el principal partido de la oposición, el Partido Socialista (PSOE).
Su líder, Pedro Sánchez, pidió hoy a Rajoy que convoque a Mas y a él mismo para abordar una reforma constitucional.
Esa modificación no sería “para saciar las ansias de independentismo” de los nacionalistas catalanes, sino para apostar por un modelo de Estado federal, según Sánchez, quien garantizó a Rajoy la “lealtad” de los socialistas y coincidió con él en que Artur Mas ha “fracasado”, porque hubo más catalanes que decidieron no votar de los que sí lo hicieron el domingo.
Antes de que Rajoy compareciera ante la prensa habló en el Parlamento catalán Artur Mas, quien pidió al Gobierno español que haga más política y recurra menos a los tribunales en respuesta a su deseo de organizar un referéndum soberanista en su territorio.
“Se puede discrepar de un proyecto político, pero no es necesario llevarlo sistemáticamente a los tribunales ni activar a la Fiscalía. Mal vamos cuando para resolver retos democráticos de gran calado sólo queda el recurso de la fiscalía”, afirmó Mas.
El líder nacionalista aludía así al hecho de que la fiscalía estudia una querella contra Mas y otros miembros de su Gabinete por el proceso participativo del día 9, suspendido por el Constitucional.
Artur Mas aseguró que no tiene miedo a esa acción judicial y agregó que, de llevarse a cabo, sería una “imagen dramática para España”.
A última hora de la tarde estaba prevista una reunión entre el fiscal general del Estado y el fiscal superior de Cataluña para estudiar la presentación de una querella por supuestas responsabilidades penales en el proceso participativo del 9 de noviembre.
La reunión permitió evaluar los hechos del día 9 desde el punto de vista jurídico y penal y corresponderá ahora a la fiscalía catalana tomar una decisión sobre la presentación o no de la querella y, en caso afirmativo, su alcance en cuanto a las personas afectadas y las imputaciones.