El 80% de los 438 empleados en la planta de Fabrec, en Quito, son mujeres. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO.
La empresa pública Fabricamos Ecuador (Fabrec) es una de las cuatro entidades que el Gobierno de Lenín Moreno prometió eliminar como parte del plan de optimización del tamaño del Estado, anunciado en abril pasado dentro de su programa económico.
El Gobierno puso como plazo el 2021 para que se liquidara esta empresa productora de uniformes y zapatos.
Con la eliminación de Fabrec y otras tres empresas, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) proyectó generar ahorros de 204 millones anuales.
Sin embargo, un mes después del anuncio, la liquidación de Fabrec ya no está en el plan. Según Édisson Garzón, presidente de la Emco, grupos empresariales mostraron su interés en comprar la empresa.
El plan ahora es reactivar la empresa. “Vamos a poner todo en orden. Se han planteado posibilidades como alianzas público privadas o ventas estratégicas”, dijo Garzón en una entrevista del 16 de mayo pasado .
Hasta ese día, 350 operarios de la planta no habían recibido sus sueldos de marzo ni de abril. En promedio, estos trabajadores ganan USD 386 al mes, según el portal de transparencia de Fabrec.
Los sueldos impagos se cancelaron el lunes pasado (21 de mayo del 2018), luego de que los trabajadores realizaran una protesta.
Esta es la segunda vez que un Gobierno muestra la voluntad de liquidar la empresa pública Fabrec y cambia de opinión.
En el 2012, esta empresa que anteriormente fue de capital mixto, se convirtió en pública a través del decreto ejecutivo 1134. Ese año registró utilidades por USD 1,3 millones.
Pero en el 2013, durante una visita a Fabrec, el expresidente Rafael Correa dijo que le preocupaba que esta empresa sea “todóloga” y sugirió que se dedicara solo al rubro textil. Ese año, la firma registró pérdidas por USD 3,6 millones.
En abril del 2014, Correa dispuso que la línea textil y de zapatos de Fabrec pasara a la compañía Fabrilfame, encargada de confeccionar uniformes para las Fuerzas Armadas.
Mientras que actividades relacionadas con armamento y vehículos -que se le habían asignado en el decreto 1134- debían pasar a Santa Bárbara EP.
Para mayo del 2015, se emitió el decreto presidencial 678, con el cual el Gobierno decidió eliminar a Fabrec. Pero en septiembre de ese año, un nuevo decreto dejó sin efecto al anterior y la empresa no cerró.
Carlos Torres, gerente de Fabrec desde marzo pasado, dijo que recibió la empresa con “serios problemas de liquidez”, por lo que no pudo cancelar los sueldos desde el mes en que se posesionó.
Esto, a pesar de que según el informe de rendición de cuentas del 2017, Fabrec cerró con utilidades y activos que sumaban USD 48 millones.
Torres explicó que los sueldos atrasados se pagaron gracias al cobro de cartera vencida. Añadió que esta semana cobrarán USD 150 000 más.
La situación de Fabrec se agravó en el 2015, recuerda el Gerente, cuando el Ministerio del Interior no otorgó el contrato de dotación anual de uniformes para la Policía, que era su principal cliente.
“El contrato se firmó de nuevo a medidos del 2016. Este año estamos concursando nuevamente para que nos concedan ese contrato”. Actualmente tiene contratos con Tame y la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel).
“Antes hubo malas administraciones. Ahora, el deseo es transparentar todo el manejo en los últimos años, para ponerlo a disposición de las autoridades competentes”, dijo.
En un informe de auditoría externa de la firma SBV, realizado a Fabrec entre 2013 y 2015, se realizaron 12 observaciones al manejo de la empresa.
En el documento consta, por ejemplo, una sobreestimación de anticipos a proveedores y clientes por alrededor de USD 16 millones, entre otros.
Garzón dice que las cifras que tiene sobre la situación económica de la empresa son provisionales, pues están analizando lo que dejaron administraciones anteriores.
Añadió que entregarán a la Contraloría información sobre irregularidades. Por ejemplo, que Fabrec haya comprado patrulleros y construido Unidades de Vigilancia Comunitaria, dijo Garzón.