24 de December de 2009 00:00

Ley de comunicación

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Danilo Arbilla

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El debate legislativo del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador es, en principio, una buena noticia. 

Confiemos  que el esfuerzo dé resultados y  se consiga ‘cambiar y mejorar ese proyecto’ de manera que efectivamente la ley “garantice los derechos de libertad y los derechos ciudadanos de comunicación libre y democrática”, tal cual lo  señala el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero.
 
Pero lograr que efectivamente se garantice la libertad de expresión solo es posible si se modifica totalmente el proyecto, por lo cual lo más atinado sería desecharlo.

Es difícil encontrar un intento para eliminar de plano la libertad de expresión, como este proyecto de Correa. Ni Chávez ha llegado tan lejos. Incluso en los países totalitarios   como Cuba, la situación  resulta ser mejor, porque no tratan de disimularla, como sí se pretende hacer con esta ley.
 
Quizás se le fue la mano y el atropello es tan flagrante que es difícil de sostener esta novedosa vuelta de tuerca en defensa de la democracia ‘participativa, progresista e inclusiva’ y de ‘reafirmación de la ciudadanía’, que con tanto ahínco tratan de imponer los países  bolivarianos.

Pero no hay que descuidarse. Hay otras iniciativas por ahí, financiadas, cuándo no, por el PNUD y la OEA de José Miguel Insulza como  socia, en procura de darle otra interpretación  y otro manto a las nuevas democracias populistas, las que cada vez son  más difíciles  de encajar entre los límites de la devaluada y tantas veces  desvirtuada Carta Democrática Interamericana. Esta vez se le llama ‘Agenda para la construcción de ciudadanía en América Latina’-, que dirige el ex ministro de los fracasados  gobiernos argentinos de  Alfonsín y De la Rúa, doctor Dante Caputo. Bajo esa carátula se puede ir y llegar a cualquier lado.

Lo preocupante es que, en lo que hace a la responsabilidad y las tareas de los medios  y los comunicadores, en algunos ‘documentos de trabajo’ para alcanzar tan encomiable objetivo se agrupan una serie de ideas, reclamos, principios, señalamientos -no sé cómo llamarles-  peligrosamente coincidentes con los propósitos de la ley mordaza de Rafael Correa que pretende imponer que la información sea “responsable, veraz, contrastada, oportuna, contextualizada y plural”.

 ¿Y quién decide  si se cumple o no con todo eso?   Hablan de ‘organizaciones’, ‘estructuras’, ‘instancias independientes’ para vigilar cómo los medios ajustan sus tareas a las pautas oficiales.

Hablan de  ‘participación ciudadana’ , ‘democratización del acceso a la información’, ‘democratización de los medios’ y, por supuesto, de medios de comunicación públicos, esto es, medios del Estado, lo que es decir, del gobierno de turno.

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