10 de mayo de 2018 00:00

Juicios sobre crimen organizado seguirán en oficinas fronterizas

En las oficinas fiscales de San Lorenzo se implementaron más seguridades para evitar posibles atentados. Foto: Archivo EL COMERCIO

En las oficinas fiscales de San Lorenzo se implementaron más seguridades para evitar posibles atentados. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción El Comercio

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Los juicios por narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas o explosivos a través de la frontera norte todavía se ventilarán en las oficinas judiciales de Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi. El 17 de abril, la Judicatura trazó un plan para sacar esos expedientes de los cantones fronterizos y trasladarlos a una unidad especial en Quito. Pero el plan no se ha concretado.

En el cronograma de la Judicatura se estableció que hoy se escogería a siete jueces de carrera, quienes desde el próximo lunes debían trabajar en la Unidad Judicial de Garantías Penales y en el Tribunal Especializado en la Lucha Contra el Crimen Organizado.

La implementación de estas oficinas especiales quedó suspendida por la controversia que surgió entre la Judicatura y los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Los magistrados se oponen a la creación de la Unidad y del Tribunal, pues dicen que viola principios constitucionales.

Por ejemplo, la jueza Anacélida Burbano sostuvo públicamente que la Judicatura viola el artículo 76, numeral 7, letra k de la Constitución.

La norma dice que todos los procesados tienen derecho a ser juzgados por un juez independiente, imparcial y competente. “Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales”.

El 3 de mayo, la magistrada Burbano se presentó ante el Pleno del Consejo de Participación Transitorio, que actualmente evalúa la gestión del Consejo de la Judicatura, y dijo que traer los expedientes a la capital tendría un costo en cuanto a la seguridad.

Mientras explicaba el caso, sostuvo que tres días después de que la Judicatura decidiera crear la unidad especial “surgieron temas que son de conocimiento público”. Se refirió a las amenazas de bomba que esos días recibió la capital.

Un día después de esa exposición, la Judicatura suspendió este proceso y ahora espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de esa unidad especial.

En la resolución 053-2018, del pasado viernes, el Consejo de la Judicatura explicó que la medida se tomó para “evitar posteriores alegaciones de falta de competencia o entorpecimientos procesales que podrían acarrear innecesarias discusiones sobre la validez”.

Desde el 27 de enero, cuando estalló un carro bomba afuera del Comando de la Policía de San Lorenzo, en Esmeraldas, se han abierto ocho juicios considerados “de alto riesgo” para los jueces que laboran en la zona de frontera.

Los delitos que allí se investigan son terrorismo, delincuencia organizada, secuestro, asesinato y otros. Actualmente, estos expedientes se encuentran en manos de jueces penales y multicompetentes. Estos últimos conocen no solo estos casos sino todo tipo de juicios.

Resuelven litigios vecinales, pensiones alimenticias, juicios de trabajo, contravenciones de tránsito, pagos de deudas y, ahora, también los casos de delincuencia organizada.

En las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos laboran 107 jueces que operan en cada uno de sus cantones.

La Judicatura avaló la implementación de esta unidad a través de 15 argumentos que se encuentran en la Resolución 051-2018, con la que se la crea.

Un criterio que se cita allí es la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En este acuerdo, firmado por Ecuador, se exhorta a los Estados a fortalecer el combate contra las actividades ilícitas.

Otro argumento es que el Pleno del Consejo de la Judicatura puede crear, modificar, o suprimir salas de las cortes, tribunales o juzgados. Estas facultades se describen el artículo 264 numeral 8 del Código de la Función Judicial.

Para el presidente del Tribunal Supremo de España, Carlos Lesmes, los casos especiales, en donde se investiga a organizaciones delictivas transnacionales o grupos terroristas deben ser sacados de las poblaciones pequeñas o fronterizas.

“En este caso, las causas deberían pasar a Quito o a Guayaquil, porque el juez de Quito es mucho más anónimo que uno que está en una pequeña población, en donde está perfectamente custodiado. Eso lo hace más vulnerable a ser objeto del propio crimen o de presiones de cualquier naturaleza”, señaló Lesmes, en una entrevista con este Diario.

Paulina Araujo, penalista, dice que la creación de esta unidad tenía que nacer de la ley, no por una resolución. “Yo no entiendo por qué en el país nos siguen vendiendo la idea de que mientras más jueces tengan vamos a estar mejor”.

El problema para la jurista es que el Ecuador no tiene suficientes profesionales que estén formados en delincuencia organizada. “Pueden crear las unidades que sean, pero si no hay profesionales con esa formación, no se mejora la calidad de la justicia”.

En la Región, Costa Rica es una de las pocas naciones que aprobó una jurisdicción especializada contra la delincuencia organizada. En ese país está previsto que en octubre de este año empiece a operar este tipo de tribunales.

Ese plan incluye capacitación para los magistrados que manejan los casos graves. Ellos ganarán un sueldo especial, trabajarán en instalaciones protegidas y además emitirán sentencias en menos tiempo.

En Ecuador, la idea era similar. Por eso la Judicatura ha trabajado en las últimas tres semanas en la adecuación de un edificio donde iba a funcionar la Unidad Especializada.

En contexto

Desde el 27 de enero se han registrado 12 ataques en la frontera norte. Cuatro militares murieron en un atentado con explosivos y tres periodistas de este Diario fueron secuestrados y ejecutados. Actualmente hay otras dos personas que están plagiadas.

Cronología

27 de enero 2018
Un coche bomba explota en los exteriores del cuartel de la Policía de San Lorenzo, en Esmeraldas. El ataque es atribuido a grupos irregulares que operan entre las fronteras de Ecuador y Colombia.

29 de enero 2018
Se registra una amenaza de bomba en el edificio de la Fiscalía de San Lorenzo. Personal del escuadrón antibombas del GIR ingresa con canes a las instalaciones para hacer una inspección.

13 de abril 2018
El Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) resuelve aplicar medidas de seguridad y protección para los jueces y fiscales que manejan casos de crimen organizado.

17 de abril 2018
El Consejo de la Judicatura anuncia la creación de la Unidad Judicial y el Tribunal Penal especializado en crimen organizado. Además, se abre la etapa de postulación para los funcionarios.

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