13 de abril del 2016 00:00

La Judicatura alista 919 salas para la oralidad en siete tipos de juicios

La sala 10 de la Corte de Pichincha cuenta con los equipos que se requieren para la oralidad de los juicios. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La sala 10 de la Corte de Pichincha cuenta con los equipos que se requieren para la oralidad de los juicios. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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La sala está equipada y fue construida en el 2014. Tiene dos monitores, dos cámaras de video, dos micrófonos, una computadora, una consola de audio, un amplificador y una grabadora digital. Con estos equipos se grabarán las audiencias desde el 23 de mayo.

Ese día entrará en vigencia el Código General de Procesos (Cogep), que fuera aprobado en marzo del año pasado.

Con esto, por primera vez, siete tipos de juicios, como civiles o inquilinato, se tratarán en audiencias orales (ver info).
Hasta hoy, esas diligencias se llevan adelante por medio de expedientes escritos.

Con la aprobación del Cogep, además se aceptó que los juicios se realicen por videoconferencias u otros medios de comunicación, cuando la comparecencia personal de los demandantes, demandados o testigos no sea posible.

Para eso, el Consejo de la Judicatura inició una fase de equipamiento de las salas. Hasta el lunes de esta semana, este Diario conoció que a escala nacional 853 ya están listas. Pero hasta el 23 de mayo se incorporarán 66 más.

Es decir, todo el proceso oral arrancará con 919 salas en el país. Así lo señaló a este Diario el vocal del Consejo de la Judicatura, Néstor Arbito.

Pero el equipamiento (en 758 aparatos de grabación se invirtieron USD 196 250) es solo una parte de todos los cambios para que entre a operar el Código General de Procesos.

Además, está una plataforma tecnológica para subir las causas orales y que lo manejarán jueces, secretarios, abogados y usuarios para conocer detalles del trámite judicial. Por eso se trabaja en la capacitación del personal.

La idea es que todos los trámites sean en línea y así se elimine el papeleo, lo que hoy extiende todo el proceso. Por ejemplo, actualmente un juicio sobre contratos incumplidos dura hasta cuatro años, pero quienes aprobaron el Cogep esperan que los tiempos en estos casos se reduzcan a un año.

Así se pretende evacuar los más de 300 000 juicios civiles, de familia, inquilinato, etc que en promedio ingresa cada año a los juzgados del país.

Para digitalizar los procesos se planificó crear una nueva plataforma. Se denominaba Justicia 2.0 y para eso se contrató a la empresa española Indra, que fue la encargada de crear un software que reemplace al Sistema Administrativo de Trámites Judiciales (Satje) que funciona desde el 2000.

Con la implementación de Justicia 2.0 se quería tener acceso a funciones como el expediente electrónico, una consulta en la nube o requerimientos vía web. Hasta el 2011 esto no permitía el Satje.
Así lo confirmó Thomas Alvear, director general de la Judicatura.

Él explicó que, efectivamente, Indra entregó el sistema en junio del 2013, pero indica que luego de someterlo a un programa piloto en Santa Elena se identificó que no funcionaba correctamente.

Por eso -dice- tuvieron que suspender la implementación a escala nacional y solicitar a la Contraloría que se haga un examen especial del contrato.

En el informe, el organismo de control señaló que la empresa debía devolver el dinero que se canceló por el sistema.

En total se habla de USD 23,7 millones. Pero para la firma española, la Contraloría no estudió todos los productos que entregaron a la Judicatura.

Según Emilo Puñet, director de Desarrollo de Negocios del sector público de Indra en el Ecuador, el sistema de Justicia 2.0 está conformado por 10 módulos y advierte que la Contraloría solo analizó dos de ellos: el módulo de gestión procesal y el módulo de grabación de audiencias.

En este último módulo se instalaron las 250 salas de grabación que pedía el contrato y han operado correctamente. Esto lo dijo Puñet el 3 de febrero, cuando mantuvo una entrevista con este Diario.
Además, ese día Puñet aseguró que fue el propio Consejo de la Judicatura quien entregó un acta de recepción firmada sin ninguna observación.

De allí, que el Consejo de la Judicatura repotencializó al Satje para utilizarlo cuando entre en vigencia el Cogep.

De hecho, Alvear calcula que se invirtieron de USD 2 millones a USD 3 millones, pues en la adecuación del sistema se trabajó con personal propio de la Judicatura. Indica que ellos también desarrollaron otros software y la implementación de equipos de grabación para completar lo que se requería.

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, asegura que el Satje es “deficiente” y que actualmente no pueden realizar un escrito ni consultar la totalidad de los procesos en línea. “Tampoco podemos recibir notificaciones de los documentos presentados por las otras partes; tenemos que ir al juzgado y pedir el expediente para sacar copias”.

Por eso tiene planificado en septiembre realizar un congreso en el que evaluarán el desarrollo del Cogep.

Pero para la Judicatura todo entrará a operar en mayo y para que no exista dificultades han desarrollado precisamente las capacitaciones.

En tanto, los usuarios que deseen conocer cómo iniciar un juicio en cualquiera de las siete materias a partir de la vigencia del Cogep podrán remitirse a una guía informativa que se encuentra actualmente en el portal web funcionjudicial.gob.ec.

En el documento se explica las diferencias que existen entre el Cogep y el sistema actual.

En contexto

El pasado viernes, los vocales de la Judicatura y los jueces de la unidad civil del sector de La Florida, en Quito, se reunieron y analizaron la oralidad y otros aspectos del Cogep. La Judicatura dice que en capacitación ha invertido USD 1,5 millones en el país.

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