La mañana de este 19 de enero del 2018, los dueños del inmueble, sus abogados y representantes legales del propietario del restaurante Toronto llegaron para realizar una inspección. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
Una lona verde cubre parte de los escombros que quedaron tras la explosión ocurrida la noche del pasado 24 de diciembre en el restaurante Toronto, en la avenida 10 de Agosto y Río Coca, norte de Quito, en donde fallecieron 2 personas y 11 resultaron heridas.
Durante la mañana de este viernes 19 de enero del 2018, los dueños del inmueble, sus abogados y los representantes legales del propietario del restaurante llegaron hasta el lugar para realizar una inspección que permita determinar el avalúo del bien afectado.
Hernán Freire, representante legal de Lin S., propietario del restaurante, explicó que están dispuestos a iniciar inmediatamente los arreglos que requiere el inmueble.
“Estamos conscientes de que esto incluso está afectando el paso de las personas que circulan por este lugar, lastimosamente hay un problema familiar pues el 70% del inmueble le corresponde a una persona y el 30% a otra”, indicó Freire. A su criterio el tiempo transcurre pero aún no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo.
Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
Por su parte Paúl Ocaña, abogado de una de las partes dueñas del inmueble, sostuvo que es necesario la comparecencia de un perito que determine a cuánto ascienden los daños que se produjeron en el inmueble.
Mientras tanto, Freire señaló que ya se ha indemnizado en un 95% a las familias de las víctimas mortales y los heridos, así como a los dueños de los vehículos que resultaron afectados por la explosión.
El dueño del restaurante fue detenido tras el incidente y su defensa sostuvo que se acogerá a un proceso abreviado porque “esa es la manera de que la Ley beneficie a una persona que sabe que cometió un error”.
La Fiscalía formuló cargos en su contra por homicidio culposo y por almacenamiento indebido de gas.
Según el Código Orgánico Integral Penal, la sanción por homicidio culposo es la privación de libertad de 3 a 5 años y de 1 a 3 años por acumulación indebida de gas.