3 de abril de 2018 00:00

El informe sobre la auditoría a la deuda pública, en revisión final

En la foto, el contralor Pablo Celi durante una entrevista. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

En la foto, el contralor Pablo Celi durante una entrevista. La Contraloría inició un examen a los procesos de endeudamiento adquiridos entre el 1 de enero del 2012 y mayo del 2017. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

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Mónica Orozco y
Mayra Pacheco (I)

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La Contraloría hará hoy, martes 3 de abril del 2018, una revisión del informe sobre la auditoría a la deuda pública, que se inició en agosto del año pasado. Luego de esta revisión se decidirá si se requiere hacer ajustes o si se aprueba y publica el documento final en la página web del organismo.

La entidad de control inició un examen a los procesos de endeudamiento adquiridos entre el 1 de enero del 2012 y mayo del 2017.

Como parte de este proceso, la Contraloría examinó los haberes públicos en el Ministerio de Finanzas, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Nacional de Planificación y las entidades vinculadas con el uso de recursos públicos provenientes de deuda.

La entidad de control solicitó, además, que la ciudadanía participe de este proceso y conformó una veeduría integrada por 11 personas.

El ente invitó a profesionales en temas económicos y jurídicos para que participen en las diferentes etapas del examen.

El 13 de marzo pasado presentó un informe borrador con seis hallazgos y dio un plazo de cinco días para que los auditados efectúen sus descargos. Ese período concluyó y resta una evaluación final de esa información en la Contraloría.

Entre los hallazgos principales está, por ejemplo, la inclusión de deudas que el Gobierno anterior decidió excluir de la contabilidad.

El contralor Pablo Celi, en una entrevista con este Diario, días atrás, señaló que el monto de la deuda pública aún no se podía precisar debido a la falta de información sobre varios rubros, que no fue entregada por Finanzas.

“El informe de Contraloría, más allá de dar una cifra de deuda, está planteando la existencia de un conjunto de rubros que no se consideraron en el cálculo y, por tanto, pone en duda el monto exacto de la deuda”, dijo el funcionario.

Si el informe final señala que la deuda supera el 40% con relación al Producto Interno Bruto (PIB), el Gobierno actual debería someter los futuros procesos de contratación de préstamos a la autorización de la Asamblea.

Otro escenario es eliminar el techo de la deuda, pero atado a un programa de sostenimiento fiscal y reducción del déficit como han sugerido algunos veedores como la exministra Magdalena Barreiro.

El proceso de endeudamiento fue discrecional

El Código de Planificación y Finanzas Públicas aprobado en el 2010 derogó varias normas legales que permitieron un manejo discrecional del endeudamiento. Por ejemplo, antes del Código la contratación de préstamos requería los dictámenes favorables del Ministro de Economía, del Directorio del Banco Central y del Procurador. Pero con la aprobación del nuevo marco jurídico, esos requisitos fueron reemplazados por un Comité de Deuda, conformado solo por miembros de la Función Ejecutiva. Antes del Código, los recursos obtenidos de deuda se destinaban solo a inversión. Tras el Código, se fijó que vayan a refinanciar deuda, infraestructura incluso de talento humano.

La deuda fue declarada reservada

El Ministerio de Finanzas declaró como secretos y reservados incluso contratos de endeudamiento que tenían cláusulas de transparencia. El organismo de control pudo identificar contratos que contenían cláusulas que promueven la divulgación de información pública. Entre ellos, por ejemplo, citó un crédito de USD 970 millones del Bank of China Limited.

Pero Finanzas emitió tres acuerdos ministeriales que declararon como secretos todos los documentos vinculados con financiamiento. Además, amplió el sigilo de la información durante todo el plazo de duración del crédito; es decir, más allá de lo que establece la Ley, que dispone reserva durante la negociación.

Las preventas deben incluirse en la contabilidad

En su lectura de borrador de examen a la deuda pública, las operaciones de venta anticipada de petróleo son consideradas endeudamiento. Los funcionarios relacionados con los procesos de endeudamiento público (ministros de Finanzas, subsecretarios de financiamiento público y otros) no verificaron ni controlaron que el saldo de deuda pública al 31 de diciembre del 2016 incluya esos valores. Según el organismo de control, si al saldo de la deuda pública de diciembre del 2016, que sumó USD 38 136 millones, se suma el saldo de las preventas de petróleo, la deuda pública sube a USD 40 259 millones. Con ello, el país ya habría superado el techo legal de deuda con relación al PIB.

El Decreto 1218 afectó el cálculo de la deuda

El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que la deuda no debe superar el 40% del Producto Interno Bruto (PIB). Si esto ocurre se debe pedir autorización a la Asamblea para gestionar nuevos créditos. El Decreto 1218 emitido el 20 de octubre del 2016 reformó el reglamento de ese Código para excluir del cálculo las deudas del Estado con entidades públicas, lo cual redujo del 38 al 27,4% la relación deuda/PIB. El cambio abrió más espacio para endeudamiento y evitó la discusión del tema en la Asamblea.

En la lectura del informe borrador de la Contraloría se detalló que a fines del 2016 el total pasivos del país ascendió a 65 749 millones; es decir, el 68,4% del PIB de ese año.

Petroecuador buscó créditos para Finanzas

El convenio interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Finanzas y Petroecuador el 3 de diciembre del 2014 permitió que la petrolera estatal gestione financiamiento con organismos internacionales. Los recursos fueron destinados para el Fisco.

Mediante este instrumento, que tiene seis años de vigencia, Petroecuador obtuvo un crédito de USD 1 500 millones del banco chino ICBC para proyectos estratégicos o prioritarios. Luego se realizaron otras operaciones. La Contraloría determinó, en el informe borrador, que este tipo de participación de la empresa pública es contraria a la finalidad para la cual fue creada. Esa responsabilidad es de Finanzas.

El archivo de préstamos está incompleto

El archivo de las operaciones de endeudamiento interno y externo se encuentra en la Subsecretaría de Financiamiento Público. Pero en la gestión que hizo el equipo de la Contraloría que analizó la deuda pública entre 2012 y mayo de 2017, los expedientes estaban incompletos, los documentos no estaban numerados, foliados o referenciados. Además, el órgano de control constató que estos no se encuentran organizados de manera cronológica y que incluso algunos expedientes fueron certificados 30 días después de su entrega.

Todo esto dificultó el análisis de los procesos de endeudamiento de la Contraloría, según se conoció durante la lectura del informe borrador.

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