27 de agosto de 2015 00:00

‘Hotel Carrión’ es un albergue para extranjeros bajo custodia

Según el Ministerio del Interior, el 'Hotel Carrión' funciona de acuerdo a la normativa vigente. Foto: Ministerio del Interior

Según el Ministerio del Interior, el 'Hotel Carrión' funciona de acuerdo a la normativa vigente. Foto: Ministerio del Interior

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Sara Ortiz

El perímetro está cercado con mallas eléctricas, las ventanas tienen rejas, hay cámaras de seguridad en el interior y exterior; y la puerta principal es un grueso pedazo de metal.

Así luce el 'Hotel Carrión', un centro de acogida temporal para extranjeros en proceso de deportación, que funciona en el norte de Quito desde el 12 de enero del 2013 y está a cargo del Ministerio del Interior.

Quienes llegan a este albergue son extranjeros que se encontraban en el país sin documentos en regla, visas caducadas o que se dedican a actividades para las que no cuentan con permisos migratorios.

Al atravesar la puerta de metal, se observa un patio de flores y árboles. Allí, cerca del parqueadero, se eleva una torre de vigilancia de dos pisos. De inmediato un policía sale de un puerta de vidrio y exige los documentos de identificación para ingresar al sitio. Cada extranjero, de los 34 que se encontraban allí hasta la semana pasada, cuenta con una hora de visita durante los tres días a la semana en los que se permiten las visitas de allegados.

La profesora universitaria franco-brasileña, Manuela Picq, permaneció alojada allí cuatro días, luego de ser detenida en la marcha indígena del 13 de agosto pasado.

Mientras estuvo en lugar escribió: “Se llama hotel pero funciona como cárcel. Estamos encerrados en cuartos y tenemos horarios de salida al patio (hoy dos veces media hora)... hombres y mujeres (estamos) en pisos separados...”.

Este Diario pidió información al Ministerio del Interior, desde el 19 de agosto pasado, sobre el funcionamiento del 'Hotel Carrión' pero no hubo respuesta.

Mediante un boletín de prensa del 21 de agosto, esta Secretaría explica que “los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el centro de acogida no están en condición de detenidos, son extranjeros albergados y su permanencia es temporal, mientras se efectúan todos los trámites administrativos para ejecutar la deportación”.

Además -asegura el Ministerio- los migrantes reciben apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, servicio médico, alimentación y los pasajes aéreos para su retorno a cada país.

La estancia en ese lugar puede ser de días o superar los seis meses. Para “matar el tiempo”, los extranjeros juegan dominó o pueden salir al patio a tomar el sol. Así lo detalla uno de los jóvenes que estuvo allí.

En el cuarto piso también funciona una especie de patio cubierto por un techo de zinc y claraboyas. Las ventanas tienen rejas por dentro y por fuera, que son usadas por los extranjeros como perchas para colgar la ropa recién lavada.

Para el Ministerio del Interior “el centro de acogida temporal cuenta con modernas y cómodas instalaciones”.

El Artículo 40 de la Constitución reconoce a las personas el derecho a migrar. “No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria…”.

En la Carta Magna se promulga también el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y “el progresivo fin de la condición de extranjero”.

Estos argumentos legales se usaron en el juicio de deportación de Picq, pues según sus abogados, ella contaba con una visa vigente al momento de ser conducida al 'Hotel Carrión'.

La operación de este albergue se avala en Acuerdo del Ministerio del Interior 3736, del 16 de octubre del 2013. En este se argumenta su funcionamiento en que el Estado debe contar con espacios dignos, en donde se respeten los derechos humanos, para personas de otras nacionalidades en una situación migratoria irregular.

La creación del centro se dio después de la demanda de hábeas corpus a favor de 17 extranjeros detenidos sin una orden judicial en el desaparecido 'Hotel Herman'. Esta fue presentada por la Defensoría del Pueblo en enero del 2013.

En ese caso, la entidad indicó que “la privación de la libertad de las personas por su condición migratoria criminaliza la migración y vulnera otros derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano”.

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