1 de diciembre de 2017 00:00

El Gobierno plantea un manejo mixto para el dinero electrónico

Entre disputas por el tema de dinero electrónico, la Asamblea aprobó la Ley de Reactivación Económica. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Entre disputas por el tema de dinero electrónico, la Asamblea aprobó la Ley de Reactivación Económica. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Redacción Negocios

El Gobierno analiza proponer un manejo público y privado para el sistema de dinero electrónico, luego de que la Asamblea negara el miércoles, 29 de noviembre, su propuesta de traspasar la plataforma a la banca privada.

El planteamiento lo hizo este jueves (30 de noviembre) la gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola.

En una entrevista radial con FM Mundo, la funcionaria dijo que “el manejo (del dinero electrónico) no tiene que ser excluyente, eso fue parte de las conversaciones. Puede haber cabida para varias plataformas”.

Dijo que el sistema podría estar a cargo del BCE, la banca privada y otras entidades.

Sin embargo, esta opción no convence al sector. Julio José Prado, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), señaló que eso se propuso hace dos años, en el anterior Gobierno y que, de volver a plantearse, la banca decidirá no participar.

Con el “monopolio del Banco Central (sobre el sistema) mal haría la banca en seguir sus proyectos por el lado privado”.

La decisión de la Asamblea de rechazar el traspaso del sistema a manos privadas es una mala señal para los actores económicos. Según Prado, persiste la inquietud de que el BCE pueda crear una moneda paralela o hacer pagos de sueldos o bonos libremente y sin respaldo.

Prado recalcó, además, que los acuerdos con el Gobierno se dieron porque este proyecto no funcionó con el BCE.

En el sector bancario existen otras preocupaciones respecto a la Ley. Una de ellas es una disposición que la Asamblea incluyó en el último día de debate de la Ley.

La norma obliga a la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, en un plazo de 45 días tras la vigencia de la ley, a definir con la banca privada los mecanismos e instrumentos de reducción de tarifas de los servicios para impulsar el uso de medios de pago electrónicos.

Para Prado, la medida sentará un mal precedente, ya que nunca la Asamblea había intervenido en costos de los servicios financieros,
El Gobierno y la banca venían discutiendo cómo reducir los costos de la billetera electrónica.

Dentro de la reducción de costos, el representante de la Asobanca señaló que también se están incluyendo los servicios por el uso de las tarjetas de crédito y débito que no son parte del dinero electrónico.

Entre los aspectos criticados por el sector bancario y que se mantienen en la Ley está la corresponsabilidad del sistema financiero en garantizar la liquidez de la economía, que ya no será función únicamente del BCE.

El traspaso del manejo de los datos crediticios a la Superintendencia de Bancos y la eliminación de registros de deudas vencidas por hasta USD 56 son otros temas que generan inquietud.

Prado indicó que la supresión de datos generará una afectación a aproximadamente 870 000 personas, pues se borra su historial crediticio por la eliminación de los registros de deudas vencidas.
La Asobanca solicitará estos días una reunión con el Gobierno para pedir que se incluyan estas observaciones en el veto presidencial.

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