16 de enero de 2016 00:00

La Fiscalía investiga cómo fueron inscritos 366 títulos superiores

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, recibió los documentos de este caso. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Funcionarios públicos formarían parte del listado de personas que pagaron a ‘hackers’ para registrar un título falso en el sistema informático de la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt). Esto lo confirmó René Ramírez, titular de esa entidad, mientras entregaba a la Fiscalía General la información de 366 casos para que se realicen las investigaciones pertinentes.

Tras recibir la información, Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación, envió el listado de los implicados a la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP) para verificar si en la lista de títulos con inconsistencias, en efecto, se encuentran personas con cargos en el sector público.

En el caso de que se confirme la presencia de empleados públicos en ese registro, Chiriboga aseguró que se procederá “de inmediato a sacar a esos funcionarios de ese cargo”.

Este Diario se comunicó con la SNAP y solicitó la confirmación de la recepción de la información enviada por la Fiscalía así como el procedimiento que se realizará para la verificación y posterior accionar. Sus autoridades dijeron que el lunes darán una respuesta.

Además, el fiscal Chiriboga indicó que el artículo 330 del Código Penal COIP tipifica el ejercicio ilegal de una profesión y estipula que la persona que ejerza la profesión sin un título será sancionada con privación de libertad de 6 meses a 2 años.

Dentro de los 366 casos de títulos universitarios con presuntas inconsistencias, el 40,6% sería en la especialidad de Derecho. Fiscalía también envió el listado a la Judicatura para que se verifique si estos ciudadanos están registrados en el Foro de Abogados y que se les retire su licencia de ejercicio profesional.

Mientras que en el resto de casos se trabajará en conjunto con las unidades provinciales de la Fiscalía para dar con los involucrados.

El 8 de enero pasado, José Serrano, ministro del Interior, informó que se desarticuló una red dedicada a los ataques cibernéticos a los sistemas informáticos de entidades del Estado. Además de la Senescyt, esta banda habría atacado los portales de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), del Banco Central y otras instituciones financieras.

En 18 meses, los supuestos ‘hackers’ habrían circulado USD 1 millón a cuentas bancarias en el país y Colombia.

Durante el operativo realizado en Quito, Guayaquil, Ibarra y Santo Domingo se detuvieron a 10 integrantes de la organización, quienes serían los líderes de un grupo de ‘hackers’ que se dedicaban a transgredir las bases de datos de las entidades.

En el caso de títulos adulterados, los investigadores acudieron a universidades que supuestamente los acreditaban y solicitaron documentos que sostengan la emisión de los títulos. Pero al no existir esta documentación se confirmó el fraude.

Ayer, 15 de enero del 2016, Ramírez confirmó que los ataques a la plataforma de la Senescyt se registraron desde el 2015. Y en octubre se presentó la denuncia en la Fiscalía para que se proceda con las investigaciones y posterior desarticulación de la banda.

Ramírez indicó que en este tipo de casos no solo se debe juzgar a quienes vulneraron los sistemas informáticos y entregan un servicio ilegal, sino también a las personas que demandaron ese servicio.

Dentro de los involucrados trascendió el nombre de Lucía Vallecilla, abogada del suspendido presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga Acosta. El Fiscal indicó que, luego del análisis de la documentación otorgada por la Senescyt, se conoció que ese nombre aparece en el registro de inconsistencia en títulos.

“La acción que vamos a realizar es solicitar una audiencia ante la juez del caso para entregar está información y que se resuelva lo que corresponda”, dijo Galo Chiriboga.

La tarde de ayer, Vallecilla habló del tema. Con su título en mano, la tesis con la que se graduó y otros certificados de estudios realizados, aseguró que “se ha ensuciado injustamente su nombre” y que obtuvo su título de manera legal.

Mostró una impresión de la página web de la Senescyt, en donde aparece su nombre con el título que ostenta. “Antes aparecía pero no sé por qué me sacaron de un momento a otro. Incluso mi director de tesis fue a declarar en la Fiscalía cuando nos llamaron a rendir una versión no dentro de este caso sino en otra indagación, en la cual hemos estado colaborando”, señaló.

La abogada de Chiriboga aseguró haber obtenido su título en el 2006 en la Universidad Cooperativa de Colombia. Empezó a estudiar en 1998 y dejó de hacerlo en el 2001, los meses en los que cerraron la universidad, pero luego se reincorporó y obtuvo su título.

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