1 de junio de 2018 00:00

Caso Balda: prisión para 2 exfuncionarios

Fernando Balda (centro) se presentó ayer en la Corte Nacional. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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La investigación sobre el secuestro del exlegislador Fernando Balda arroja nuevos datos. Luego de explicar que en este acto delictivo participaron tres agentes de la Policía, el fiscal general, Paúl Pérez, señaló en la Corte Nacional que se trata de un crimen de Estado.

Durante su exposición, Pérez señaló que los policías involucrados pertenecían a la Secretaría de Inteligencia (Senain) y respondían a la Dirección de Inteligencia, que en el 2012 estaba manejada por Fausto Tamayo, quien ahora se encuentra condenado por el caso de los pases policiales.

“En este caso se cometió un delito utilizando recursos y funcionarios del Estado”, dijo.

Tras la diligencia, al Fiscal se le preguntó: ¿Por qué define este caso como un crimen de Estado? Respondió que “fue un delito que hasido cometido desde el Estado, porque ellos (Tamayo y Pablo Romero) en su condición de funcionarios públicos actuaron y ordenaron que se realice el cometimiento del delito de plagio”.

Además se le consultó ¿Hay cheques de los pagos? “Efectivamente, hay una información no solamente de los cheques, sino que hay oficios”, respondió el Fiscal General.

Balda espera que los investigadores incluyan en el proceso también a los “grandes autores intelectuales” y se refirió al expresidente Rafael Correa.
Pérez aseguró que, de existir los elementos necesarios, procederá con la vinculación del exprimer mandatario.

El lunes 28 de mayo, el Fiscal pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) copias certificadas de credenciales o actas que acrediten que Rafael Correa fue presidente de la República durante dos períodos.

Además solicitó que la Secretaría de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior envíen el Decreto Ejecutivo con el que se nombró como ministro de esa Cartera a José Serrano.

Por ahora, la justicia vinculó a esta causa judicial a Tamayo y a Romero y ordenó que se los capture. Tamayo ya está encarcelado pagando una sentencia por otro delito, mientras que Romero se encuentra prófugo.
Por eso se pidió a la Interpol que lo localice y lo detenga.

Pérez informó que a través de movimientos migratorios se pudo determinar la salida de Romero en el 2017, pero no su retorno al país.

De acuerdo con la versión de Tamayo, uno de los tres agentes apresados le presentó un informe sobre las actuaciones realizadas en Colombia.

Y se indicó que esas operaciones habrían sido ordenadas por Pablo Romero, con presupuesto asignado por la Senain.

A Tamayo se lo relaciona con el caso, porque además desde la cuenta bancaria de la Dirección de Inteligencia se giraron dos cheques de USD 10 000 y USD 11 280, a favor de uno de los policías procesados.

La Fiscalía no descarta que esos montos fueron utilizados para la operación ilegal ordenada en contra de Balda.

Pérez agregó que existen documentos relevantes de la Senain que están calificados como reservados, pero que la Fiscalía ya pidió que sean liberados y espera que eso ocurra en los próximos días.

Fiscalía presentó 17 elementos para vincular a los dos exfuncionarios como autores de los delitos de asociación ilícita y de plagio.

En la sala estuvieron presentes los abogados de Balda, la defensa de Tamayo, un defensor público que representó a Romero y la defensa de uno de los policías detenidos.

Tras la exposición del fiscal, Patricio Abad, abogado de Tamayo, expresó que durante el proceso se demostrará su inocencia y recalcó que su defendido ya está cumpliendo una sentencia por los pases policiales, por lo que no habría necesidad de dictar prisión preventiva en su contra.

Mientras que Germán Jordán, defensor público de Romero, expuso que no ha podido establecer ningún contacto con su defendido, por lo que solicitó que la jueza resuelva las medidas cautelares en su contra conforme dice la Ley.

Por su parte, José Moreno, abogado de uno de los agentes procesados, pidió a la jueza que se disponga que la familia de su defendido ingrese en el programa de protección a víctimas y testigos.

Esto ocurre luego de que ayer en la madrugada, dos hombres habrían ingresado a la casa de su cliente, con la intención de supuestamente amedrentar a la esposa de un uniformado apresado.

La jueza Daniela Camacho pidió a la Fiscalía General del Estado que proteja a todas las personas relacionadas con el proceso y que podrían presentar algún nivel de riesgo.

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