La Unidad de Flagrancias de Quito. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La Policía informó que apresó, como sospechoso de femicidio, al conviviente de la mujer que fue hallada muerta en el interior de una maleta el pasado 5 de abril de 2017, en el sector del Camal Metropolitano, en el sur de Quito, como sospechoso de femicidio.
El cadáver de Diana Carolina M., de 25 años, tenía signos de estrangulamiento y mutilaciones. Víctor Arauz, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desaparición, Extorsión y Secuestros de la Policía (Dinased), señaló este lunes 17 de abril que la noche del jueves 13 de abril fue allanado el domicilio del sospechoso, donde fue detenido.
Según Arauz, en el crimen fueron cortadas las diez falanges de los dedos de las manos de la joven. “Por unos tatuajes que tenía en su cuerpo se logró identificar a Diana M.”, indicó el agente.
Con las mutilaciones, según Arauz, el sospechoso intentó evitar que la reconocieran. El hombre habría confesado que cortó los dedos, porque “vio en programas de investigación policíaca que dan en televisión” que de esa forma podía evitar el cotejamiento de huellas dactilares y la identidad del atacante, porque en medio de la riña él fue aruñado y temía que en las uñas de la víctima quedaran rastros genéticos, aseguró Arauz.
Según la Policía, el hombre de 30 años habría confesado que asesinó a su pareja en el domicilio, después de una pelea que se habría iniciado por “una llamada”. Luego metió el cadáver en una maleta y llamó a un taxi para trasladarlo hasta el Camal Metropolitano, donde lo abandonó.
La mujer se dedicaba al comercio de ropa y perfumes.
Un estudio de la Fiscalía muestra que entre el 10 de agosto del 2014, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), y el 8 de marzo del 2017 en Ecuador se registraron 180 muertes de mujeres por femicidio. 23 de ellas solo desde enero del 2017. El informe refiere que en el 82% de los casos los asesinos fueron parejas o exparejas de las víctimas.
Según el COIP, existe femicidio siempre que una persona, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. La sanción por este delito es una pena privativa de libertad de veintidós a veintiseis años.