El gerente de CEIEC, Adriano Wang (izq.), y el director tecnológico, Carlos Jiménez (der.), hablaron del tema. Foto: EL COMERCIO
Dos años después de que suscribiera el contrato para entregar 4 000 dispositivos electrónicos, la empresa China National Electronics Import & Export Corporation (Ceiec) dice que el Ministerio de Justicia aún le debe USD 3 millones.
El gerente general de la empresa estatal china, Adriano Wang, aseguró el 5 de noviembre del 2018 que hasta el momento le han pagado el anticipo de USD 9,5 millones. “Parece que hay una dificultad económica, de algún trámite que no se ha cumplido dentro del Ministerio de Justicia y de Finanzas”.
Según Wang, el plazo para que se cancele este dinero venció en febrero del 2018.
Este Diario consultó al Ministerio de Justicia sobre este tema y el personal únicamente señaló que no hay deuda y que no se paga porque no se ha cumplido el contrato.
Adriano Wang, gerente general de CEIEC, y Juan Carlos Jiménez, director tecnológico de esta empresa, hablan en los estudios de EL COMERCIO sobre el proceso de compra y venta de grilletes electrónicos.
El tema del grillete volvió a debate luego de que el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, se despojara del aparato y fugara.
Después de esos hechos, la Contraloría también emitió un informe, estableció responsabilidades y dijo que los aparatos no monitoreaban en tiempo real a los procesados.
Wang asegura que en el caso Alvarado, el brazalete no tuvo fallas. “El equipo funcionó y el sistema también. Es más, está funcionando hasta ahora. Entonces, la parte tecnológica que corresponde a nosotros no ha tenido fallas”.
Juan Carlos Jiménez, director tecnológico de CEIEC, asegura que el aparato emitió todas las alertas del caso.
¿Antes de lo ocurrido con Alvarado hubo otro caso similar? Los representantes de esa firma piden que esa pregunta sea planteada al Ministerio de Justicia.
Este año, la Policía reportó en Manta que una persona, indagada por extorsión, se había retirado “con facilidad” el grillete y el sistema de monitoreo “no detectó” esa acción.
El sospechoso, que se despojó del brazalete, fue identificado como Jefferson M., a quien el juez le cambió la prisión preventiva por el uso del aparato. Pero tras salir en libertad, los policías detectaron cómo volvió a las redes delictivas: ocultaba vehículos robados en un taller clandestino, llamaba a sus propietarios y exigía el pago de hasta USD 2 000 a cambio de devolver los automotores. Él registra seis procesos judiciales.
Jiménez mostró la foto de un brazalete manipulado, con la intención de retirarse.
Dice que por garantía técnica (fallas en la calidad) y por siniestralidad (manipulación) han hecho la reposición de 580 aparatos.
“Nosotros hemos entregado a satisfacción del Ministerio de Justicia el equipamiento y toda la plataforma de software. Hay que entender que no se trata solo de la provisión de 4 000 brazaletes, sino también comprende toda una plataforma de hardware para recibir esas señales. Es un Data center completo”.
Según el informe de la Contraloría General, los sistemas de monitoreo del ECU-911 y del Ministerio de Justicia “no intercambian información coordinadamente” respecto a los grilletes.
Es decir, ambas instituciones tenían información diferente del lugar en el que se encontraba la misma persona que usaba el brazalete.