14 de August de 2010 00:00

El COE pide extender estado de excepción en La Josefina

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Redacción Cuenca

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del Azuay pidió a la Secretaría de Gestión de Riesgo la ampliación del estado de excepción en la Zona 1 de La Josefina.

Con este Decreto se controló la ilegal extracción de áridos en esta zona especial, que ponía en peligro la estabilidad de los cerros Tamuga, Shishío y Mish- quiyacu. El Ejército custodia una zona de 3 000 hectáreas.Pero aún quedan tres temas pendientes: el pago de las indemnizaciones a los dueños de los predios, decretar zona de seguridad pública y elaborar un reglamento para su manejo.

Tras el Decreto, firmado el pasado 15 de julio, el Ministerio del Ambiente declaró a esta zona de Utilidad Pública. Y el pasado lunes, la Dirección de Avalúos y Catastros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) presentó su informe sobre el avalúo de los terrenos.

Se expropiarán 396 hectáreas, que totalizan 260 predios de las jurisdicciones de Paute y Gualaceo. Por los terrenos más alejados de la parroquia El Cabo se pagará USD 1,64 por cada metro cuadrado.

En cambio, por los adyacentes a la parroquia se pagará USD 3,50. El Estado gastará USD 1,4 millones en las indemnizaciones, señaló el gobernador del Azuay y presidente del COE, Leonardo Berrezueta.

Según Paúl Sotomayor, del Miduvi, para la valoración se consideró el avalúo de los predios de los municipios competentes. Son unas 150 familias a indemnizar, pero en el área viven solo siete (que suman 34 personas).

A las últimas les pagarán por los terrenos y recibirán el Bono de la Vivienda. El alcalde de Paute, Miguel Ferreño, confirmó que están buscando los terrenos para que el Miduvi los compre y construya las casas.

Berrezueta calcula que en dos semanas estará listo el nuevo reglamento para el manejo de la zona. Este es elaborado por técnicos de los municipios de Cuenca y Paute y del Consejo Provincial del Azuay.

Las tres entidades se beneficiarán de la extracción de áridos del cerro Tamuga, dentro del proceso de estabilización que durará unos cinco años.

Entre tanto, 320 volqueteros de Cuenca sostienen que con el estado de excepción en La Josefina se quedaron sin trabajo y reclaman opciones de empleo.

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