15 de agosto de 2014 00:05

La presión social no frenó el plan del Régimen por explotar el ITT

Jóvenes activistas salieron a las calles para rechazar la explotación en el Yasuní. Su esperanza era la consulta popular, pero esta falló. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Jóvenes activistas salieron a las calles para rechazar la explotación en el Yasuní. Su esperanza era la consulta popular, pero esta falló. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

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Carlos Rojas y Gabriela Quiroz

Hoy se cumple un año de la decisión del presidente Rafael Correa de explotar el crudo del ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní. El anuncio, realizado por cadena de radio y televisión, significó el fin de uno de los temas más emblemáticos de la revolución ciudadana: dejar atrás el extractivismo petrolero a través de la cooperación internacional.

Bajo el argumento de que “el mundo nos ha fallado”, el Gobierno emprendió en un plan de explotación petrolera. Para tal efecto, el Presidente requirió la autorización de la Asamblea Nacional. Sin embargo, las secuelas de la decisión se sienten hasta ahora.

¿Qué pasó con los fondos?

La devolución de las contribuciones a la extinta Iniciativa Yasuní-ITT continúa, al cumplirse un año de su eliminación.
Hasta hoy, los fondos con los que se buscó mantener el crudo bajo tierra han sido administrados en un fideicomiso internacional y un fondo local.

El primero registraba hasta ayer depósitos por USD 10,5 millones, de los cuales USD 6,8 millones aparecen como reembolsos a contribuyentes.

Si a esto se suma los costos por administración, a cargo de Programa de Naciones Unidas (PNUD), en este fideicomiso queda un saldo de USD 3,1 millones, que representa el 29,5%.
Inicialmente, en octubre del 2013, el comité directivo de este fondo fiduciario, acordó reembolsar el 100% de aportes, pero luego dieron la opción de elegir entre la devolución o reinvertir el dinero en un proyecto sustentable en la zona del Parque Nacional Yasuní.

A inicios del 2011, Avina, una fundación que actúa en América Latina, se convirtió en la primera ONG en aportar al fondo internacional, al formalizar la donación de USD 100 000.
Entre los gobiernos que más invirtieron en esta iniciativa, con la que se quiso evitar la emisión de 400 millones de toneladas de CO2 -responsable del calentamiento global-, fueron: Italia, España, Luxemburgo y Wallonia.

Un total de 19 contribuyentes están registrados, junto con personas naturales y jurídicas, en el Programa de NN.UU. (http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3EYC0/es).
Los fondos nacionales se recolectaron en campañas, ferias, conciertos por lo que fueron desde un dólar en adelante y alcanzaron USD 2 millones.

El Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos informó que ya se devolvió la totalidad de contribuciones mayores a USD 5 000. En total se devolvieron USD 550 000.

Los aportes menores a este monto resultan más complicados de reembolsar, pues hay que ubicar a sus propietarios. Esta identificación está realizando la Corporación Financiera Nacional. Hasta la fecha permanecen USD 1,45 millones, en su mayoría de aportantes sin identificación.

El Régimen prevé realizar convocatorias por la prensa para que los aportantes puedan retirar estos recursos.

A través de la campaña Yasunízate, ecuatorianos y extranjeros contribuyeron con la Iniciativa, para que se mantenga el crudo bajo tierra. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

A través de la campaña Yasunízate, ecuatorianos y extranjeros contribuyeron con la Iniciativa, para que se mantenga el crudo bajo tierra. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Más allá de las contribuciones, para Amanda Yépez, de Guardianes del Yasuní, hoy es una fecha en la que se comprueba la falta de compromiso ambiental del Gobierno. “No varía el modelo de otros regímenes en los que se prioriza la explotación petrolera”, dice.

Hasta el 5 de junio del 2013, que se realizó la última evaluación de la Iniciativa y luego de seis años de existencia, se logró recaudar menos del 1% de aportes. Ivonne Baki lideró este proyecto junto con un equipo de 15 personas y un presupuesto de USD 7,3 millones.

Pero, antes de que se eliminara este plan, que convocó a expresidentes, premios Nobel, artistas, ambientalistas, gobiernos, sociedad civil, ya empezaron los estudios a favor del plan B: la explotación petrolera.

El Ministerio del Ambiente, en el 2011, autorizó el estudio de impacto ambiental de la exploración con sísmica 3D en el área de Tiputini y Tambococha.

La consulta se enredó

Los grupos ecologistas que en el 2006 apoyaban al Gobierno decidieron salir a las calles para recolectar firmas y plantear una consulta popular.

Se formó el colectivo Yasunidos liderado por jóvenes. Pero las 730 000 firmas que reunieron no pasaron el filtro del CNE. Esta instancia solo validó 359 000 (se requerían 584 000). La consulta se esfumó.

Durante este proceso, la Función Electoral denunció el permanente incumplimiento de los protocolos de revisión, por parte de los peticionarios.

La activista Esperanza Martínez dice que en este año hubo una doble decepción. La primera, el fracaso mismo de la Iniciativa. La segunda, “la arremetida del Gobierno contra nuestro derecho a la participación ciudadana y a la defensa de la naturaleza”.

Yasunidos mantiene la tesis de que el CNE burló su consulta y que el Tribunal Contencioso Electoral bloqueó el trámite jurídico de apelación.

Hoy en un acto simbólico que Yasunidos realizará a las 10:00, en el antiguo Hospital Militar, sesionará el Tribunal Ético que el colectivo formó. Lo integran figuras como el académico brasileño Boaventura de Sousa Santos. La idea es que este tribunal analice los alegatos de Yasunidos ante el TCE.

Otro grupo, de exalcaldes amazónicos, también buscó recolectar firmas pero de apoyo a la explotación del ITT. Cuando la consulta de Yasunidos fracasó, los exalcaldes desistieron del proceso y entregaron al Gobierno, en forma simbólica, sus firmas. El líder de este proceso, Yofre Poma, es hoy gobernador en Sucumbíos.

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