La Ley Penal condena hasta con siete años de cárcel a los pequeños traficantes. Foto: Pixabay
Septiembre del 2020. Roberth Potosí debía recuperar su libertad en esa fecha. Pero el martes pasado fue indultado y solo cumplió uno de los cinco años que el Tribunal Segundo de lo Penal del Carchi le interpuso por contrabandear siete cilindros de gas, que en la frontera norte puede costar hasta USD 11,20 todo el cargamento.
Antes de ser encarcelado, Roberth era un taxista informal en su natal Tulcán. No pudo estudiar la universidad y se dedicó a la agricultura. Trabajó tres años en el campo, pero el dinero no le alcanzaba. Por eso su padre solicitó un préstamo a una cooperativa de ahorro.
Con el dinero compró un vehículo tipo jeep. Era su primer carro. El joven dejó el arado y se dedicó a ofrecer carreras dentro y fuera de la ciudad, pero fue detenido en el viaje que hizo el 24 de septiembre del 2014.
La Policía halló en su auto los cilindros de gas. Circulaba en una vía de tercer orden, en el sector conocido como El Capote-Tulcán. En el parte de detención se dijo que el combustible tenía como destino Colombia.
De hecho, el contrabando de hidrocarburos es uno de los delitos que más se comete en las zonas cercanas a las fronteras norte y sur del país. Pero los investigadores saben que los detenidos siempre son los pequeños contrabandistas, los que están debajo de toda una cadena de este tráfico ilegal.
Por ejemplo, entre el 2010 y el 2014, hubo 685 denuncias de contrabando de hidrocarburos en el país.
Por llevar hasta 30 galones de combustible, las mulas reciben apenas entre USD 50 y USD 80. Por lo general, usan pasos clandestinos y vías de tercer orden. Pero Roberth Potosí confesó, durante el juicio, que lo hacía gratis, como un favor a una amiga.
De hecho, ella fue su testigo en el juicio. En la audiencia describió el trayecto que haría y dijo que ese hombre era su novio, que ella tenía que entregarle los tanques y que luego él los llevaría a Ipiales, en Colombia. Los iba a pasar por el río Carchi en una vieja embarcación.
La legislación sanciona de forma severa estos casos. Las personas que lleven, envasen o vendan, sin permiso, hidrocarburos en las ciudades fronterizas o puertos pueden recibir sentencias que van desde cinco hasta siete años. Así lo señala el Código Penal (art. 265).
Para el presidente Rafael Correa, se trata de penas “desproporcionales”. Eso lo dijo el 17 de octubre, luego de conocer que un carchense fue sentenciado a cinco años por 40 galones de gasolina. El Ministerio de Justicia se hizo cargo de la reforma al Código Penal. La ministra, Ledy Zúñiga, dijo que el objetivo del nuevo artículo será dar proporcionalidad a la sanción.
Por eso reconoció que las cuatro personas que fueron indultadas esta semana recibieron condenas “excesivas”. Uno de estos casos es el de Édison Imbaquingo, quien también fue sentenciado a cinco años de cárcel por contrabando de seis galones de gasolina, equivalentes a USD 8,40.
Él fue tenido en octubre del 2014. Hasta esa fecha trabajaba como camionero en los mercados de San Gabriel, Huaca y Bolívar (Carchi). El 23 de ese mes su hermano le pidió que llevara unas canecas con gasolina a una mecánica. En el trayecto se encontró con la Policía y aseguró que la carga era de su hermano, quien necesitaba el combustible para lavar el motor de su carro, pues se había dañado. En el juicio de Édison, su hermano confirmó la versión, pero fue sentenciado a cinco años.
La misma condena recibió el colombiano Anyelo Cadena. Él fue detenido en octubre del 2014, cerca de la frontera. Conducía el auto de su padre por la Panamericana Norte.
Recuerda que regresaba a su casa, en Ipiales (Colombia), luego de tres días de paseo. Ese día, un equipo de la Unidad de Delitos Energéticos hacía un operativo en la carretera.
Anyelo se detuvo, un agente levantó la cajuela y vio una moldadura sujeta con tornillos.
Esta conducía a un tanque de combustible modificado. Del interior, los agentes sacaron 30 galones de gasolina.
Estaban valorados en USD 44. Anyelo tenía 20 años cuando ingresó la cárcel y un año después recuperó la libertad gracias al indulto.
Ese beneficio también llegó a Carlos Honores. Él fue condenado a un año y ocho meses de cárcel. Su caso se ventiló en la Unidad de Flagrancias de Huaquillas, en la frontera sur.
Este Diario habló con un fiscal de El Oro y explicó que las bandas de contrabando no solo se dedican a trasladar combustible, pues al usar las mismas rutas que el narcotráfico y la trata de personas, sus integrantes están relacionados.
En un estudio de la Fiscalía se menciona que en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos (norte) y El Oro, Loja y Zamora (sur) prevalecen cinco delitos: tráfico de drogas y armas, extorsión, homicidios y precisamente el tráfico de combustible.