La tasa de interés bajó al 5%, se condonaron intereses, mora, gastos judiciales y el plazo de pago: seis años, incluido uno de gracia. Estos son los beneficios que obtuvieron, mediante ley, los deudores no vinculados de la banca cerrada, a fin de cerrar la crisis, 15 años después.
El saldo de cartera no vinculada hasta el 20 de agosto pasado (con mora, intereses y gastos legales) sumó USD 2 305,8 millones de 3 156 deudores.
Pero con el beneficio aprobado por la Asamblea de recalcular y reliquidar deudas, el monto baja 60%, según el Banco Central del Ecuador (BCE). Es decir, el saldo quedaría en USD 962,4 millones.
Pero tras la vigencia de la ley apenas se presentaron 704 solicitudes para acogerse al recálculo de las deudas, cuyo monto ascendía a USD 450,71 millones ( 19,5% del saldo total de los préstamos).
¿Qué pasó con la recuperación de esta cartera antes de este beneficio? Según el BCE, que está al frente de esta tarea desde diciembre del 2009, se trata de créditos de “baja probabilidad de recuperación” y al igual que los vinculados no cuentan con garantías reales.
De las solicitudes presentadas, se llegó a suscribir 575 convenios de pago con 403 personas no vinculadas, según el informe que el BCE presentó a la Asamblea, en agosto pasado.
El recálculo de esta cartera permitió una reducción de 87,1 millones y si se suma a la reducción de cuentas por cobrar el monto subió a 120 millones.
Este Diario solicitó al BCE el detalle de los ciudadanos a los que se les redujo sus deudas, los montos, así como el resto de beneficios de la ley (ver cuadro), pero no hubo respuesta.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, que sigue este tema, tampoco cuenta con este desglose.
Roberto Parra, del colectivo de deudores de buena fe, cree que muchos no se acogieron porque están fuera del país y otros aún con el recálculo no alcanzarían a pagar la deuda.
En su caso, su crédito con el extinto banco La Unión, bajó de USD 150 000 a 21 000, pues le reconocieron los pagos realizados y con la aplicación del resto de beneficios y la tasa del 5% su deuda quedó en 36 000.
Para este guayaquileño, la ley está hecha para quienes sí tenían pagos antes o después de la crisis bancaria, por lo que tuvieron cómo demostrar que sí iban a pagar. Hoy pide que los deudores que han presentado declaraciones juramentadas con recibos de pagos de créditos sean tomados en cuenta para el recálculo hasta el próximo 10 de diciembre. Esta posibilidad está contemplada en el Código Monetario y Financiero.
Para el exsuperintendente de Bancos, Alfredo Vergara, este beneficio seguirá siendo un subsidio, pues los deudores tuvieron suficiente tiempo para pagar y sus deudas se devaluaron por la dolarización.
Entre 40 preguntas que este Diario envió al Central se consultó si con el recálculo se continuaba con el salvataje.
A esto respondió: “No, definitivamente no…, el objetivo de la ley es recuperar los recursos a través del mejoramiento de condiciones para el cobro de las deudas, aumentar la probabilidad de recuperación de cartera y consecuentemente pagar a los acreedores…”.
En el caso de los préstamos vinculados, según las autoridades del banco, la recuperación ha sido del 35%.
Otra interrogante: ¿qué garantía habrá de que las personas que solicitaron el recálculo van a pagar? Se mantienen las garantías originales de los créditos, dijo el BCE, sin embargo, en su informe dice que la cartera “ha sido de difícil cobro, incluso, por vía coactiva”.
También, agrega que con el recálculo vuelven a ser sujetos de crédito, aumenta la probabilidad de pago y si no lo hacen se ejecutará garantías y si estas no cubren se les seguirá un proceso de quiebra e insolvencia.