Luego de 13 días de las manifestaciones ocurridas en el Centro de Quito durante el paro nacional convocado por indígenas y trabajadores, este miércoles 26 de agosto se conoció en la Fiscalía General del Estado que 10 personas continúan detenidas por el presunto delito de ataque o resistencia.
En la jornada del pasado 13 de agosto fueron apresadas 23 personas adultas y dos menores de edad. De ellos, la Fiscalía reportó hoy que cinco fueron liberados en la misma noche por no calificar su flagrancia; ocho, en cambio, recibieron medidas sustitutivas; y los dos menores fueron sentenciados a cumplir 40 horas de labor comunitaria.
En tanto, 10 continúan en prisión y esperan que se les fije la fecha para nueva audiencia de juzgamiento. Gonzalo Realpe es defensor de dos implicados. Según el abogado, sus clientes aceptan que fueron parte de las manifestaciones, pero no admiten haber sido parte de los disturbios que se presentaron en la Plaza Chica, Centro de Quito, contra los policías que custodiaban los accesos a la Plaza Grande y que esa noche resultaron heridos.
Por tal motivo, Realpe señala que en la próxima diligencia judicial solicitarán al juez que se fije una fianza para la liberación de los aprehendidos. “El monto lo deberá poner el juez”, señaló.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dispone una sanción que va desde seis meses hasta siete años a las personas que ataquen o pongan resistencia ante las fuerzas públicas. En este delito, los aspectos que se analiza para el incremento de la pena son, por ejemplo, determinar si la acción fue efectuada en grupo, con armas o si existieron lesionados y heridos. En caso de muertes, la pena puede ascender hasta 25 años de cárcel.