Los grupos indígenas que protagonizan protestas contra el Gobierno en Ecuador confían en una pronta visita de la Relatoría de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas al país, indicó hoy, 25 de agosto de 2015, una de sus representantes, Nina Pacari.
“Está planteado ante la Relatoría de pueblos indígenas para que pueda visitar el país”, dijo Pacari en una rueda de prensa en Quito.
Pacari, que coordina la defensa jurídica de los indígenas detenidos en las manifestaciones de las últimas semanas, expresó su esperanza de que “en el transcurso de estas semanas nos puedan dar la respuesta de una visita al Ecuador porque, como acción emergente, la Relatoría pueda actuar”.
La relatora de la ONU para los indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, pidió este lunes que se investigue, de manera “justa e imparcial”, los actos de violencia en torno a las movilizaciones convocadas por grupos de indígenas en Ecuador, “incluido el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y militares”.
Tauli-Corpuz, experta en derechos humanos, exhortó a todas las partes involucradas, incluido el gobierno, a recuperar la calma y acudir al diálogo para poner alto a la violencia que se registró en las manifestaciones, según se informó desde Ginebra.
El Gobierno ha denunciado que más de 100 policías y militares resultaron heridos en las protestas, en las que también se reportaron personas heridas desde el lado de los manifestantes, quienes entre otras acciones, cortaron carreteras, algo prohibido por ley en Ecuador.
La Fiscalía de Ecuador reportó hoy un total de 126 detenidos, de los que a 64 se les dictó prisión preventiva con fines de investigación.
En un informe preliminar denominado “las estrategias estatales de control social y represión en el marco del Paro Nacional en Ecuador” presentado hoy en la rueda de prensa en la que estuvo presente Pacari, se habla de 142 detenidos con datos al 23 de agosto.
El estudio del “Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial”, presenta datos de registros médicos, testimonios, boletines de prensa, fuentes gubernamentales, artículos de prensa, información de casos de “agresiones, detenciones, intentos de detención y allanamientos en zonas” donde hubo protestas.
Julián Martínez, representante del Colectivo, dijo en la rueda de prensa que el informe comprende hechos ocurridos entre el 13 y el 23 de agosto y que encontraron “patrones de acción” de diferentes instancias estatales respecto a la ciudadanía que se manifestó.
El informe indica que “el Estado ejerce ciertos patrones de represión y control social, basados en la militarización, en la aplicación progresiva del uso de la fuerza y en la judicialización de ciudadanos y dirigentes”, señaló Martínez.
El pasado sábado, un grupo de indígenas que permaneció por diez días en un parque del centro de Quito en protesta contra el Gobierno abandonó la ciudad, pero sus dirigentes aseguraron que el “levantamiento” o movilización de las comunidades continuará.
El “levantamiento” convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) demanda, entre otros, el archivo de unas enmiendas constitucionales que estudia la Asamblea Nacional, incluida una que abre la posibilidad de reelección de autoridades, entre ellas el presidente.
El jefe de Estado, Rafael Correa, que ha asegurado que no cederá ante la violencia, ha afirmado que las manifestaciones de ciertos indígenas y sindicatos caen en “el juego a la derecha” y otros grupos poderosos nacionales e internacionales interesados en desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región.
Correa ha insistido en que hay una estrategia regional, a la que ha denominado “golpe blando“, que incluye el “calentamiento de las calles” con protestas, como ha sucedido en Venezuela, Argentina, Bolivia y Brasil.
Los indígenas y sindicatos, muchos de los cuales eran aliados del Gobierno en sus inicios (2007), rechazan las acusaciones de Correa, afirman que no quieren desestabilizar al país, que tampoco guardan relación con los opositores de derechas y aseguran que su protesta sólo busca rectificaciones por parte del Ejecutivo.