6 de septiembre de 2017 19:32

Decreto de austeridad reduce sueldos, cierra vacantes, entre otras medidas

El presidente Lenín Moreno firmó este 6 de septiembre del 2017 el decreto de austeridad. Foto: Flickr Presidencia

La tarde de este miércoles 6 de septiembre del 2017 el Presidente de la República, Lenín Moreno, emitió el Decreto Ejecutivo No. 135. El documento establece nuevas reglas para optimizar los egresos del Estado. Foto: Flick Presidencia de la República

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Carolina Enríquez
y Pedro Maldonado (I)

El pago de horas extras se racionaliza. Las vacantes en instituciones públicas se eliminan. Se regula la contratación de publicidad, así como la compra de pasajes aéreos o teléfonos celulares. Estas y otras medidas dejan ver que la política de austeridad anunciada por el Gobierno está en marcha.

La tarde de este miércoles 6 de septiembre del 2017 el Presidente de la República, Lenín Moreno, emitió el Decreto Ejecutivo No. 135 que establece nuevas reglas para optimizar los egresos del Estado.

Entre los cambios incluye la unificación de la escala remunerativa del personal de las empresas públicas con el del resto de trabajadores del servicio público. Asimismo, determina un recorte salarial para los empleados del nivel jerárquico superior desde el grado dos en un 10% a partir del 1 de septiembre del 2017.

De esta última disposición se exceptúan a los directores y gerentes de hospitales, unidades de salud, directores y rectores, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito.

El Ministerio, además, reestructurará las escalas salariales. La disposición incluye a las empresas públicas y las instituciones que conforman la banca pública. “Los servidores públicos de nombramiento regular que a la fecha reciban una remuneración mensual unificada superior al grado dos mantendrán su remuneración actual bajo criterio de sobrevaloración”.

EL Decreto 135 también determina que se elimina el pago de la remuneración variable por eficiencia y se suprimen las vacantes de todas las instituciones del Estado, salvo que se determine un informe técnico de que existe la necesidad de ese puesto de trabajo.

Se definirá un personal de apoyo para que ayude en los trabajos que requieran las instituciones del Estado. No podrá contratarse personal de apoyo mientras exista personal que pueda ser reasignado a otras entidades. Para esto el Ministerio de Trabajo emitirá un instructivo.

Las horas extras no podrán ser mayores a 30 al mes y se pagarán siempre y cuando exista la debida justificación. Para ello deberá haber la firma de un responsable del área de trabajo. También se evaluará si se paga las licencias con remuneración para los servidores que viajan por temas de estudios.

Además, se realizará una “depuración institucional”. El Ministerio de Trabajo y Senplades “identificarán aquellas unidades de las instituciones públicas de la función Ejecutiva que no generen aporte significativo al cumplimiento de su misión institucional (…) a fin de proceder a su eliminación”.

El decreto también se refiere a los gastos en bienes y servicios. Se afectan viajes al exterior, movilización interna, hasta uso de sirenas y balizas en vehículos oficiales, pasando por la publicidad y el uso de teléfonos celulares.

Por ejemplo, las instituciones del Estado deberán priorizar la contratación de personal residente en la localidad donde presten sus servicios.

También se establece que los viajes al exterior de servidores públicos de la Función Ejecutiva, cuyo objetivo sea la participación en eventos oficiales, serán previamente calificados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República.

En la adquisición de boletos de avión se elimina la compra de pasajes premier (que permiten cambiar la hora o fecha), salvo para miembros de gabinete y personal autorizado por la Secretaría de la Presidencia.

Otro de los artículos prohíbe en la Función Ejecutiva la compra de vehículos de alta gama y se autoriza el uso máximo de dos vehículos todo terreno. También se prohíbe la instalación de sirenas y balizas en vehículos oficiales y se dispone la inmediata desinstalación de las mismas, con excepción de las autorizadas por la Secretaría de la Presidencia.

La propaganda y el uso de teléfonos celulares también fueron afectados por el decreto. Así, las instituciones de la Función Ejecutiva podrán contratar propaganda previa autorización de la Secretaría de la Presidencia; en cuanto al uso de teléfonos celulares se autoriza la asignación de estos equipos solo a funcionarios grado 7 y superiores de la escala de Remuneración Mensual Unificada del nivel jerárquico superior. “Se prohíbe de manera expresa la asignación y utilización por parte de los grados inferiores”, dice el texto del decreto.

También se dispone la reducción del personal asignado a la seguridad de las autoridades públicas. Para esto se esperan lineamientos del Ministerio del Interior.

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