26 de febrero de 2016 19:53

Consorcio paga USD 1,39 millones a Ecuador por litigio de obra en frontera con Perú

Diego García, procurador de la nación. Foto: EL COMERCIO

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Agencia EFE

La firma Consorcio Fronterizo pagó a Ecuador  USD 1,39 millones, cantidad correspondiente a un fallo arbitral emitido en noviembre pasado por un litigio contractual de una obra en la frontera con Perú que había sido adjudicada a dicha compañía.

La Procuraduría del Estado de Ecuador informó hoy, 26 de febrero de 2016, en un comunicado de que Consorcio Fronterizo pagó ayer USD 1 393 713,94  al Ministerio de Agricultura de Ecuador por incumplimientos en la ejecución del proyecto binacional Puyango-Tumbes.

La entidad recordó que la compañía fue contratada para efectuar estudios de factibilidad y diseño definitivo del proyecto Puyango-Tumbes, que aprovechaba las cuencas de los ríos del mismo nombre y del Catamayo-Chira, para mejorar la capacidad agrícola en la zona fronteriza bañada por esos afluentes.

Ese proyecto binacional forma parte de los Tratados de Paz y Límites firmados por Ecuador y Perú en 1998, cuando ambos gobiernos pusieron fin a un histórico desacuerdo limítrofe en un sector de la frontera común, escenario de varias escaramuzas diplomáticas y bélicas.

El caso del Consorcio Fronterizo "es un nuevo logro de la defensa del Estado ecuatoriano por parte de la Procuraduría General del Estado, resolviéndose con justicia una disputa en la que claramente la contratista quiso eludir ilegalmente las obligaciones que había adquirido contractualmente y trasladar a los estados contratantes la responsabilidad de sus incumplimientos", señala el comunicado.

Según la Procuraduría, un tribunal arbitral consideró la acumulación máxima de penalidades por parte de la compañía en torno a la obra contratada para condenarla a pagar "el importe de las fianzas otorgadas a favor de los dos países".

El proceso arbitral, que se desarrolló en la ciudad de Lima y bajo ley peruana, se inició en mayo de 2013 y culminó con una audiencia procesal que tuvo lugar en abril de 2015, tras la demanda de la compañía contra los ministerios de Agricultura de Ecuador y Perú.

En noviembre de 2015, dicho tribunal concluyó que la demanda era "infundada" y declaró "nula e ineficaz la resolución del contrato efectuada por el Consorcio Fronterizo", agrega el texto de la Procuraduría ecuatoriana.

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