25 de December de 2009 00:00

Clausura

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Gonzalo Ruiz Álvarez

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La Superintendencia de Telecomunicaciones dispuso la clausura por 72 horas del canal de televisión Teleamazonas aduciendo incumplimiento de normas legales y administrativas. Esta sanción, en mi opinión, atenta contra la libertad de expresión y desnuda el afán controlador y sancionador del Régimen a los medios privados de comunicación conculcando el derecho de la gente a acceder a la información.

El Superintendente Fabián Jaramillo niega haber recibido ningún tipo de interferencia política ni del Presidente ni de otra autoridad del Gobierno. Es su palabra la que está en juego y también la asunción de responsabilidades por las acciones que de este acto podrían derivar.

El Jefe de Estado en una de las cadenas sabatinas el 29 de agosto dijo: “Yo no les tengo miedo, no me tiembla la mano, y pediré, ahora sí, la cuarta infracción en pocas semanas, que Teleamazonas sea definitivamente clausurada… ¡Ya basta!,  ¡basta de tanta porquería!”.

Los ejecutivos del canal clausurado han dicho que no dispusieron de tiempo para apelar, acataron la decisión, salieron del aire a las 17:15 del 22 de diciembre  y calificaron la medida de ilegal.

Es la primera vez en 40 años (la Ley de radiodifusión fue expedida en el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara) que se aplica una tercera sanción a un medio de comunicación.
La medida causó manifestaciones de solidaridad. Además, produjo un sacudón político en la Asamblea Nacional, justamente en el mismo día -¡vaya tamaña coincidencia! - en que se debatía el polémico proyecto de Ley de Comunicación. La percepción: un intento de reventar el acuerdo multipartidista parlamentario que acogía algunos puntos planteados por la oposición en referencia a  los documentos internacionales validados por el Ecuador, en coherencia con los comentarios extendidos por La Comisión Interamericana de  Derechos Humanos de la OEA, el relator de Naciones Unidas y la Unesco, que hicieron saber su preocupación por el cariz de la Ley oficialista.

Está en juego la libertad de las personas, la libertad de pensamiento y expresión y su extensión, la libertad de prensa, más allá de las posiciones manifestadas en los medios de comunicación y los alcances del trabajo periodístico.

Una vez más cabe recordar que en democracia los medios están para revelar aquello que el poder de turno quiere ocultar y nunca, jamás, el poder para controlar a los medios de comunicación ni sus contenidos ni peor aún la libertad de las personas para expresarse a través de ellos y por su intermedio conocer los distintos puntos de vista del debate nacional.
Un punto innegociable para que persista la libertad de expresión y prensa en el país es aquel del Consejo de Comunicación que no debería existir y menos aparecer como un apéndice del poder.

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