3 de junio de 2017 00:00

El caso Odebrecht se acelera: 12 allanamientos y 5 detenidos

El fiscal general Carlos Baca Mancheno (centro) habló ayer, tras su arribo de Brasil. Foto: Eduardo Terán/EL COMERCIO

El fiscal general Carlos Baca Mancheno habló ayer, 2 de junio de 2017, tras su arribo de Brasil. Foto: Eduardo Terán/EL COMERCIO

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Redacción EL COMERCIO (I)

El estruendo despertó a la mayoría de inquilinos. Eran casi las 05:00 y aún no amanecía. A esa hora, agentes encapuchados irrumpieron en uno de los edificios ubicados en Urdesa, en el norte de Guayaquil, y capturaron a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas.

Desde allí lo custodiaron hasta un vehículo todoterreno y lo trasladaron a su empresa, el canal TV Satelital, donde confiscaron documentos. A su salida, Rivera pidió que “paren la persecución en su contra”.

El nombre de este empresario guayaquileño trascendió en enero del 2015, cuando el entonces asambleísta Andrés Páez pidió que se lo investigara porque presuntamente movió USD 22,8 millones de Ecuador a cuentas en paraísos fiscales, uno de estos en Hong Kong.

Rivera tiene un pasado en la administración pública. Fue intendente de Telecomunicaciones mientras Jorge Glas presidía el desaparecido Fondo de Solidaridad.

Poco antes del amanecer, en Los Ceibos, también en el norte de Guayaquil, otro grupo de uniformados allanaba la casa de Kleper Verduga, dueño de Equitransa. Esta empresa participó en la construcción de varios proyectos de la administración anterior.

Según su portal web, la empresa contribuyó, por ejemplo, en las hidroeléctricas Manduriacu y San Francisco, en el poliducto Pascuales Cuenca o en la remoción de tierras de la Refinería del Pacífico. En todas estas obras intervino Odebrecht.

Rivera y Verduga fueron dos de los cinco sospechosos detenidos ayer, 2 de junio de 2017, en la operación que la Fiscalía y Policía ejecutaron en Guayaquil, Quito y Latacunga por el caso Odebrecht.

La tercera captura fue realizada en una casa ubicada en Daule (Guayas). Al sospechoso se lo identificó como Carlos Villamarín, exfuncionario del Ministerio de Vivienda.

En Latacunga (Cotopaxi), en cambio, los agentes allanaron una vivienda de construcción mixta, tipo hacienda, color blanco con ladrillo. Allí detuvieron a Rubén Terán, quien se desempeñó durante 12 años como alcalde de Latacunga. Luego fue trasladado a la Unidad de Flagrancia de Quito. Ayer por la mañana, a la Unidad de Flagrancia también llegó Gustavo Massuh, un empresario que fue arrestado en Lumbisí, oriente de Quito.

Pese a que ellos fueron los únicos capturados, la Fiscalía ejecutó otros allanamientos.

En Guayaquil, por ejemplo, las autoridades intervinieron la residencia de Carlos Pólit, actual contralor del Estado. Los agentes llegaron a las 10:45, pero no hallaron a nadie.

Sin embargo, casi al mediodía, Hernán Ulloa Parada, abogado de Pólit, reaccionó y convocó a la prensa a su despacho. Leyó un comunicado de una página y aseguró que el Contralor está fuera del país (en Miami, EE.UU.) por problemas de salud. De hecho, se conoció que el funcionario pidió licencia médica desde el 26 de mayo pasado.

Además, Ulloa Parada advirtió que el allanamiento fue ilegal y aseguró que se aprovecharon de la ausencia de Pólit. “Esa actitud evidencia la represalia que ha asumido el señor fiscal General (Carlos Baca), por cuanto la Contraloría, hace muy pocos días, presentó en esa institución un informe con indicios de responsabilidad penal, en contra de su titular, el doctor Carlos Baca”.

Tres horas antes de esas declaraciones, el Fiscal General arribaba al aeropuerto de Tababela (Quito), desde Brasil. El funcionario viajó el martes 30 de mayo para definir la forma en que se ejecutará la entrega de información por el caso Odebrecht.

A su llegada se reunió con Thania Moreno, fiscal subrogante del Estado, y ofrecieron una rueda de prensa desde una sala protocolar del aeropuerto.

Baca reveló que hay más sospechosos involucrados en esta trama de corrupción, algunos con fuero de corte; es decir, que actualmente ocupan altos puestos en la función pública.

Moreno, en cambio, dijo que en las intervenciones de Guayaquil, los agentes confiscaron cinco cajas fuertes, joyas, al menos ocho autos de alta gama, y USD 190 000 en efectivo.

En una vivienda ubicada vía a la Costa, de la que no se precisó quién es su propietario, los investigadores localizaron un cheque de la constructora Odebrecht por USD 980 000.

En Quito se decomisó otra caja fuerte en una suite de un hotel. En total, en la incursión participaron 250 policías, vinculados con la Unidad de Lavado de Activos, Dirección  de Inteligencia, y el GIR.

La operación Odebrecht provocó la reacción del expresidente Rafael Correa. A través de Twitter, el exjefe de Estado señaló que los involucrados “estaban vigilados desde hace semanas”, y que “solo nos faltaba el acceso a la información de Brasil para poder operar contundentemente”.

El 1 de junio, la Justicia brasileña levantó la confidencialidad del caso Odebrecht e inició la entrega de información a las Fiscalías de la región, incluyendo la de Ecuador.

Ese día, la Folha de Sao Paulo publicó que Correa habría recibido USD 800 000 para financiar su campaña en el 2013. El dato se basó, según el medio, en una delación del publicista Edson Barbosa. Ayer, el exmandatario escribió en su cuenta de Twitter: “¡Ups! ¡Ahora soy yo el que he recibido dinero para mi campaña!”.

En tanto, el fiscal Baca viajará nuevamente a Brasil la próxima semana, para recabar más datos. Aseguró que irá con un equipo de investigadores y técnicos de la entidad.

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