23 de agosto de 2016 16:21

El CAL calificó el proyecto de acoso político

Betty Carrillo preside la Comisión de Derechos de los Trabajadores, la cual empieza hoy a elaborar el informe para segundo debate del proyecto de Justicial Laboral. Foto: EL COMERCIO

El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia para la Prevención y Sanción del Acoso Político, motivado en razones de género, fue presentado por Betty Carrillo, asambleísta de Alianza País. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Política
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El proyecto para la prevención y sanción del acoso político presentado por la asambleísta Betty Carrillo fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que pase a primer debate.

La propuesta de la legisladora de Alianza País (AP) consiste en sancionar con una multa del 20% de remuneración y disculpas públicas a las personas que realicen actos de hostigamiento, denigración, persecución, amenazas, presión a mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias.

La iniciativa de Carrillo fue presentada el 22 de julio del 2016 en el pleno de la Asamblea Nacional como proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia para la Prevención y Sanción del Acoso Político, motivado en razones de género.

Ahora, la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por Johanna Cedeño, será la encargada de analizarlo. Mientras tanto, la asambleísta oficialista se mostró entusiasmada.

En junio, Carrillo recordó la denuncia de la viceprefecta de El Oro, Cecilia Serrano, en contra de otra autoridad local por el delito de odio y discriminación, que supuestamente le impedía el acceso a información, la presentación de propuestas y el impedimento a expresarse en sesiones.

El nuevo Código Penal sanciona con prisión de uno a tres meses a “los ciudadanos o servidores públicos que realicen acciones sistemáticas de presión, hostigamiento, amenazas o cualquier acto de fuerza contra una persona, que tengan por objeto restringir o impedir su acceso a puestos de elección popular”.

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