16 de mayo del 2015 00:00

Biess asume fondos en medio de reclamos

Fondo Magisterio

Mónica Ayala (der.) fue destituida ayer junto con siete trabajadores del Fondo del Magisterio. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Redacciones Quito, Ambato
y Guayaquil

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a través de su banco, el Biess, tomó el control de siete fondos de jubilación y cesantía privados, en medio de la sorpresa y protesta de administradores y partícipes de los fondos.

Se trata de los fondos de la Empresa Centro Sur, de las gobernaciones de El Oro, Morona Santiago y Tungurahua, del Magisterio Ecuatoriano (FCME), de la Universidad Técnica de Ambato y de la Espe.

La pugna entre estos fondos de carácter privado y el IESS empezó en septiembre del 2014, con la aprobación de una reforma legal que obliga a traspasar su administración al Biess si unas auditorías revelan que recibieron aportes estatales.

El presidente del Directorio del Biess, Richard Espinosa, aseguró ayer en rueda de prensa en Guayaquil, que la auditoría realizada por las firmas Best Point y KPMG determinó que entre 1999 y el 2000 el Fondo del Magisterio tuvo un déficit, el cual fue cubierto con fondos que eran administrados por el IESS, que a su vez tenían aportes del Estado. “Hubo un déficit de USD
29 116 319, 86 dentro de lo que se encontraba el 40% del aporte del Estado”.

El funcionario también dijo que la auditoría hizo observaciones como transferencias monetarias del fondo al proyecto hidroeléctrico Sabanilla para gastos administrativos, entre otros hechos que revelarían una mala administración.

Pero la queja entre los fondos es que no se entregaron formalmente los informes finales de las auditorías. Glenda Soriano, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, en Guayas, mostró a este Diario un documento con fecha del 14 de mayo, firmado por Patricia de Arteaga, vocera de la empresa KPMG, en la que se cita para el próximo 19 de mayo a Marlon Elinovich, presidente del consejo de administración del FCME, a la presentación del primer borrador del informe de auditoría. Este Diario intentó localizar a la vocera de KPMG, pero no fue posible hasta el cierre de esta edición.

Otra preocupación es que la Ley aprobada en septiembre daba la opción de que los fondos mantengan su administración privada si se cumplían varios requisitos, entre ellos, que la mitad más uno de los partícipes así lo decida, que se devuelva el aporte estatal, que el aporte del trabajador sea voluntario y si se permite devolver los recursos a los partícipes cuando ellos lo deseen.

Según Diego Proaño, expresidente del Fondo de Profesores de la Universidad Técnica de Ambato y quien también fue destituido ayer de su cargo, este fondo cumplía con todas las condiciones, pero ayer se le notificó el traspaso al Biess.

La decisión le tomó por sorpresa, pues dice que durante la auditoría la mayoría de partícipes se pronunció a favor de seguir con la administración privada. “Nos cayó como balde de agua fría el traspaso”, que se efectuó con presencia de un notario y de la fuerza pública.

Este fondo tiene activos por USD 3 millones, de los cuales unos USD 450 000 serían producto de aportes estatales.

A Jaime Quintana, presidente del Fondo de Servidores de la Gobernación de Tungurahua, el aviso le llegó en la calle, a pocos metros de la sede del fondo en Ambato. “Me cogieron en la calle, con la Policía, me llevaron a la Gobernación porque les dije que no me habían notificado de la diligencia. Cómo les iba a entregar la administración del fondo si estaba en la calle”. Al final, dice, no tuvo más opción que entregar las llaves de las oficinas en Ambato.

Quintana tampoco conoce el informe final de auditoría.

Tito Carrillo, presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio en Tungurahua, dice que recibió una notificación sin firma ni sellos, separándole del cargo. “Violentaron el proceso de la auditoría dispuesta por la Superintendencia de Bancos y que aún no finaliza”, aseguró.

Estos fondos se crearon como un mecanismo de ahorro de trabajadores con miras a mejorar su jubilación y cesantía.

Algunos recibieron aportes del Estado, que este Gobierno cuestionó y suspendió a partir del 2008. Los siete fondos tenían activos por USD 442 millones hasta junio pasado.

La UNE se reúne hoy, en Quito, para evaluar acciones. En 57 fondos siguen las auditorías.

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