30 de noviembre de 2017 00:00

La Asamblea aprobó que el BCE siga manejando el dinero electrónico

El Pleno aprobó, con 71 votos afirmativos, el proyecto de Ley económico urgente, enviado por el Ejecutivo. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

El Pleno aprobó, con 71 votos afirmativos, el proyecto de Ley económico urgente, enviado por el Ejecutivo. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Redacción Negocios

La eliminación de la propuesta de que el dinero electrónico pase a la banca privada finalmente viabilizó la aprobación del paquete de reformas del Ejecutivo en la Asamblea.

Tras casi cuatro horas del debate, la Asamblea aprobó con 71 votos a favor el proyecto de Ley de Reactivación Económica, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión financiera.

El documento, que fue enviado por el Ejecutivo con carácter de económico urgente el 31 de octubre, llegó ayer, 29 de noviembre, a segundo debate en el Pleno con un 65% de cambios en relación al proyecto original.

Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico, reconoció que prácticamente se trata de una nueva reforma legal. “En un mes se tuvo que arreglar lo que el Gobierno no pudo mandar bien en seis meses”, dijo.

En el proyecto original, el Ejecutivo planteó reformas a 13 cuerpos legales, en los que se incluyeron temas que causaron roces incluso entre asambleístas del oficialismo.

Entre las propuestas que causaron más debate, y que se eliminaron del Proyecto de Ley, está el cobro de un recargo a los retiros de efectivo que sobrepasen los USD 5 000 y el traspaso del programa de dinero electrónico a la banca privada y cooperativas.

Muñoz dijo que la propuesta de traspasar el manejo de la moneda electrónica a la banca se eliminó porque no fue parte de las propuestas de campaña del Presidente Moreno.

El oficialista Franklin Samaniego señaló que el manejo del sistema no debe pasar a la banca privada, debido a que existen “malos precedentes del sector” en la crisis de 1998.

“No podemos ser ingenuos y entregar el dinero electrónico a la banca privada”.

Mientras que asambleístas de oposición cuestionaron que el Banco Central siga a cargo del sistema al ser juez y parte en temas financieros. Gabriela Larreátegui, de CREO Suma, pidió terminar con el discurso desgastado hacia la banca. Roberto Gómez del mismo partido preguntó a su colega Juan Cárdenas dónde depositan su sueldo “¿en el Sai Bank o en el techo de su casa como los funcionarios corruptos de Petroecuador?”.

El Pleno incluyó en el documento varios pedidos que asambleístas plantearon en el debate. Entre los principales está la eliminación de dos artículos y dos disposiciones relacionadas con la ley de transporte terrestre (ver nota de la página 9). Samaniego planteó que la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, en un plazo de 45 días, tras la vigencia de la ley, defina la reducción de las tarifas para impulsar el uso de medios de pago electrónicos. La iniciativa fue acogida.

El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, reconoció ayer que si bien hubo cambios de fondo también se plantearon ajustes que no alteran los objetivos de la reforma.

“De aprobarse la Ley todavía contaríamos con muchos de los instrumentos. Tenemos que ver cómo queda”.

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