6 de febrero de 2018 12:21

Aplicación de la consulta popular aviva las diferencias entre asambleístas

Foto: Galo Paguay y Archivo / EL COMERCIO

Los asambleístas Cucalón y Buendía difirieron sobre la aplicación de la consulta popular. Foto: Galo Paguay y Archivo / EL COMERCIO

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Diego Puente

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Los legisladora Soledad Buendía, de la autodenominado grupo legislativo de la Revolución Ciudadana, considera que la Asamblea Nacional debe emitir “normativas” para que los cambios que ordenó la población en la consulta popular sean concretados.

En la mayoría de preguntas, debe existir un pronunciamiento de la Asamblea “porque si no el mandato popular es inaplicable”, indicó la legisladora la mañana del lunes, 5 de febrero del 2018.

Buendía puso como ejemplo la pregunta uno del referendo que impide a los sentenciados por corrupción ser candidatos a cargos de elección popular, contratar con el Estado, desempeñar empleos o cargos públicos y, también, implica la pérdida de sus derechos de participación establecidos en la Constitución.

Es necesario que la Asamblea delimite “cómo se va a aplicar esa muerte civil, en qué casos, cuáles serían los mecanismos, los procedimientos” para aplicar la normativa. Eso requerirá de una Ley.

Esa declaración causó respuestas de legisladores de la oposición que indicaron que lo expresado por el pueblo ecuatoriano es de automática aplicación. Para el legislador Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano, las preguntas en el referendo fueron claras y no deben ser modificadas tras la consulta popular. Añadió que los cambios regirán a partir de la publicación en el registro oficial.

El artículo 106 de la Constitución establece que el pronunciamiento popular será de obligatorio cumplimiento. Para el constitucionalista Ismael Quintana, la normativa es clara y no se presta a interpretaciones. Por eso, indicó, que lo dicho por Buendía no cabría.

El constitucionalista, sin embargo, puntualizó que aparte de todos los cambios que se ordenaron en las urnas en la pregunta uno, también se debería aprobar una Ley de Extinción de Dominio.

Quintana sostiene que los cambios a la reelección indefinida, la no prescripción de delitos sexuales contra menores, la ampliación en la zona protegida del Yasuní y los cambios a la Ley de Minería serán de inmediato cumplimiento.

En cambio, sostuvo, que la Asamblea necesariamente debe tratar la derogatoria a la Ley de Plusvalía y los cambios a la Ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, luego de las leyes que envíe el Ejecutivo. Esto no implica, a su criterio, que se puedan hacer interpretaciones. “Escuché que quieren hacer cambios a la Ley de Plusvalía. No señores, el pueblo votó por derogarla”.

Otra interpretación de las facultades que tendría el Legislativo es con relación a la pregunta sobre la derogatoria de la Ley de Plusvalía. El presidente de la Asamblea, José Serrano, señaló que se prevé la conformación de una comisión especial para que tramite los cambios, entre ellos los ordenados con relación a esta norma.

“(La Comisión tratará) la derogatoria de la normativa de Plusvalía, que no es en sí la derogatoria de toda la ley porque hay temas que no conciernen necesariamente” a esa normativa, puntualizó el titular de la Asamblea.

La mañana de este martes se reúnen los dirigentes de las bancadas de la Asamblea para analizar una agenda legislativa y la conformación de una posible comisión que coordine los cambios.

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