El Grupo Rescate Ecuador utiliza esta foto simbólica de un menor en sus campañas de prevención y charlas para combatir el ‘bullying’.
Nicolás insistió. Quería cambiarse de colegio para el primero de bachillerato. Así compartiría más tiempo con amigos que frecuentaba en fiestas. Su madre había oído de alumnos que no soportaban ese ambiente escolar y lo dejaban. Pero él la convenció.
Sus padres le consiguieron el cupo. La alegría le duró tres meses.
Su madre Mariana recuerda que sintió alejados a chicos y chicas que antes consideraba cercanos. Se ilusionaba, salía y cuando volvía, ella lo veía triste. Al siguiente año no quiso acudir al paseo internacional. Se desvelaba, empezó a cortarse, sufrió desórdenes alimenticios... Este adolescente, alto, atractivo y con facilidad para hacer amigos, de pronto se quedó muy solo.
Durante la hora del recreo, su mamá -quien pidió que se usaran nombres ficticios para evitar más acoso- recibía sus llamadas y notaba que él permanecía conversando todo el tiempo que duraba el receso. Cuando podía iba para hacerle compañía. Ocurrió en un plantel del norte de Quito, con una pensión mensual de más de USD 500.
La exclusión es considerada una forma de ‘bullying’. Para Sybel Martínez, del Grupo Rescate Escolar, es una situación muy dolorosa. “Te implantan la ley del hielo y tú no sabes qué pasa.
Nadie te habla. No te escogen para grupos de trabajo o lo hacen forzados por los maestros. Nunca te invitan a reuniones sociales”.
En Ecuador, seis de cada 10 estudiantes enfrentan algún tipo de situaciones de violencia entre pares en los planteles. Y dos de cada 10 vive acoso escolar, es decir ‘bullying’, con episodios de violencia reiterativos, de unas tres veces en el mes.
Lo apunta Fernando Sánchez, de Visión Mundial. Cita el informe ‘Niñez y Adolescencia desde la intergeneracionalidad’, del 2016, que recoge los resultados de la encuesta del 2015. Tiene el aval del INEC y fue trabajado por siete organizaciones, entre otras Unicef. El ejecutor fue el Observatorio Social del Ecuador.
La violencia entre pares se midió con chicos de 8 a 17 años. En el 2010 y en el 2015, el 61% y el 63% de encuestados, respectivamente, dijo ser testigo de peleas entre alumnos.
Estas cifras no son ajenas para madres como Irene, quien también pidió usar nombres ficticios. Su único hijo, Néstor, parece sentirse mejor en un nuevo colegio.
A sus 13 años evita hablar de lo que le pasó en un centro internacional de un valle de la capital.
Su mamá no lo olvida. Llegaba a casa hambriento. Y contándole que no pudo disfrutar del sánduche y del jugo que le preparaba, pues un compañero se lo quitaba. Para ella, eso nunca fue un juego de pequeños sino el inicio de otros abusos. El ‘niño Humberto’ -como lo llama- aparece junto a su hijo, en una foto grupal. Irene no la guarda entre sus tesoros sino junto a las evidencias del acoso escolar que -sostiene- sufrió Néstor desde los 4 hasta los 11 años. Guarda emails, solicitudes…
Humberto no solo se quedaba con la lonchera de Néstor. También le dejó huellas de golpes, rayones en los cuadernos, etc. Y una vez le quitó los juguetes. A Irene le contaron que los padres del niño no se llevaban bien y que pasaba de una casa a otra.
No fue la única madre que reclamó por el comportamiento de Humberto ante las autoridades del colegio. Pero al final se quedó sola. Le parece que hubo un afán de negar que había acoso escolar. Eso le gritó el rector en público.
“Muchas veces los procesos de abordaje de superación de conflictos no llegan a buen puerto pues la violencia es un problema estructural”. Eso anota Pablo Ormaza, director de Democracia y Buen Vivir del Ministerio de Educación. Desde el 2013 -cuenta- hay una ruta definida con la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, frente a situaciones de violencia en el sistema educativo. Si un padre detecta que su hijo fue agredido y ese acto es reiterativo, debe informar al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).
En esa instancia deben elaborar un informe, convocar a los involucrados, determinar las causas y activar protocolos, articulados con el Código de Convivencia de la institución. O sanciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Educación Intercultural.
Este contiene, desde amonestación verbal y suscripción de compromiso de no repetir el hecho, hasta suspensión temporal, de 30 días. En casos de faltas graves, el rector debe sustanciar el proceso disciplinario y enviarlo a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. Sí se contempla la separación definitiva del alumno y la reubicación en otro plantel.
También hay sanciones para los colegios, por no aplicar protocolos. Si se detecta negligencia de consejería estudiantil puede haber sumarios y destitución o pago de indemnización al afectado.
Las dos madres coinciden en que la reacción en los planteles no fue adecuada. Sus hijos, los agredidos, tuvieron que salir y no los agresores. “Sí Nicolás, aquí nadie te quiere. Le caes mal a todos”. Eso le dijeron al chico, en una cita entre la psicóloga y los involucrados, dice su madre Irene.
Según Sybel Martínez, de la organización Rescate Escolar, en los distritos reciben las denuncias. Pero deben presentar pruebas, que a veces no existen. ¿Cómo probar que nadie del aula le habla a un chico?, consulta. Y apunta que uno de cada cuatro agresores se vuelve un adulto agresivo, con conductas penales, maltrato intrafamiliar, mobbing laboral, etcétera.
En Quito, uno de cada dos estudiantes ha sido víctima de acoso escolar. Y de ellos, el 6% lo sufre constantemente. Las cifras son de un estudio de Rescate Escolar. La investigación se centró en 1 435 alumnos de tercer grado de educación básica a tercero de bachillerato, 678 padres de familia y 63 profesores en el 2015.
Este grupo ofrece charlas en las instituciones, también planes para prevenir el acoso escolar.
El Ministerio desarrolla el Portal Educar Ecuador, en donde los profesionales de DECE deberán registrar estos hechos. Por ahora, según Ormaza, no hay una base nacional sobre el número de denuncias y resolución de conflictos por acoso escolar.
Visión Mundial y Unicef, con el aval del Ministerio, elaboraron la primera investigación en Latinoamérica sobre acoso escolar. Este trabajo está en revisión final, dijo Sánchez. Para él es clave actualizar los códigos de convivencia.
En los establecimientos educativos fiscales hay 4 110 profesionales en los DECE. Estos psicólogos y trabajadores sociales, por el momento, cubren a una población de 1 500 000 estudiantes. En el sistema fiscal hay 3,5 millones de alumnos, pero el Ministerio del ramo buscar fortalecer estas áreas. Las instituciones privadas también deben contar con al menos un profesional de psicología por cada 450 estudiantes.
En contexto
Insultar y poner apodos, hacer daño físico, burlarse, hablar mal de alguien, aislarlo, amenazar u obligarle a hacer cosas son las formas de ‘bullying’, más frecuentes, según Rescate Escolar. Educación tiene 4 110 psicólogos en los DECE fiscales, que cubren a 1,5 millones de estudiantes (son 3,5 millones).
Estudio sobre violencia
68 % de alumnos de 8 a 17 años contaron que vieron a pares
que insultan o se burlan de otros.
% 62 de estudiantes afirmó haber visto a estudiantes que molestan a los más pequeños dentro de instituciones.
59 % de alumnos dijo que ha sido testigo de que compañeros molestan a otros por ser diferentes.
7 % de estudiantes de 5 a 17 años es agredido físicamente y el 4% es insultado y humillado por profesores.
42 % de niños de 5 a 11 años recibe golpes de sus padres cuando no obedece o comete una falta.
39 % de chicos de 5 a 17 años que hoy son golpeados son hijos de padres que fueron maltratados.