17 de enero de 2018 00:00

Los casos se acumulan en la Fiscalía por falta de agentes

La fiscal Maribel Vargas, de Patrimonio Ciudadano, revisa todos los casos que diariamente  se acumulan en su despacho. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La fiscal Maribel Vargas, de Patrimonio Ciudadano, revisa todos los casos que diariamente se acumulan en su despacho. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

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Un revólver apuntando a su frente. Para Milton es una imagen difícil de olvidar. De aquel 12 de abril del 2017 lo recuerda todo: la hora, la fecha, la cara del sospechoso, el tatuaje de su mano y los gritos exigiendo que le entregue el dinero.

“Esa persona no puede estar suelta por ahí”, dice. El lunes pasado acudió a la Fiscalía de Pichincha para averiguar el estado de su denuncia y si el sospechoso ya fue identificado. La consulta duró menos de 10 minutos: “No hay avances”.

Han pasado nueve meses desde el robo y su caso sigue en investigación previa, sin detenidos ni sospechosos.

En la Fiscalía de Soluciones Rápidas de Quito, en donde se encuentra su caso, un fiscal afirma que al año maneja 3 000 expedientes. “Tengo denuncias desde el 2015 que siguen en indagación previa”.

El fiscal Carlos Baca reconoció que actualmente hay un déficit de fiscales que afecta a la calidad de las investigaciones y hace que estas se demoren.

En el país operan 851 agentes, pero se necesitan 400 más para llegar al número que se requiere. Baca admite que cada fiscal maneja un promedio de 600 expedientes al año “y en algunos lugares, como Manabí, esa cifra fácilmente se duplica”.

Es decir, actualmente los agentes, si quisieran despachar todo, deberían investigar y resolver dos casos diarios.

En este momento, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía realiza un concurso para llenar 400 vacantes para fiscales.

“Es imposible no tener casos rezagados, si cada día aquí ingresan en promedio 20 nuevas denuncias”, cuenta una investigadora.
En su oficina, en la Unidad de Violencia de Género, hay denuncias del 2016 que no ha logrado atender.

Después de los delitos patrimoniales (robos), la violencia de género es el segundo delito más denunciado en el país.

Hasta esa unidad judicial acudió el lunes pasado Lucía, de 58 años. En su celular guarda las fotos de su madre, de 77 años. Lucía espera en el pasillo hasta que pueda hablar con la fiscal de su caso.
Quiere explicar a la funcionaria que su madre fue golpeada de nuevo por su hermano.

Hace ocho meses presentó una denuncia en contra de él.
Pero hasta el momento no se han ordenado ni las pericias psicológicas ni las del entorno social, que sirven para determinar la gravedad del maltrato intrafamiliar. “Necesitamos ayuda urgente. Mi mamá ya es una señora de edad, no puede vivir esta situación”, dice.

Otra fiscal de la Unidad de Violencia Sexual cuenta que solo en el 2017 recibió 1 900 expedientes, sin contar los represados de años anteriores.

La jurista reconoce que incluso tiene casos que ya prescribieron. “Le damos prioridad a los casos graves y a los que la gente le da seguimiento”, acepta la fiscal.

En cambio, en segundo plano quedan otras investigaciones, en las que las víctimas presentaron sus denuncias, pero jamás volvieron, no dieron su versión ni se sometieron a los exámenes médicos o psicológicos. “Esas causas las ponemos para otro día, porque no podemos hacer más”.

Las unidades de violencia contra la mujer y contra la integridad sexual tienen más carga laboral. Para aliviar el trabajo, los 60 nuevos fiscales se incorporarán hasta mayo.

Los otros 60 irán a las fiscalías contra la corrupción, desaparecidos y derechos humanos y delincuencia organizada.

Segundo, de 38 años, pidió el lunes una hora libre en su trabajo para reconocer la denuncia sobre el robo del que fue víctima en la entrada de su casa.

El hecho ocurrió hace dos meses, cuando abrió las puertas de su parqueadero, una persona ingresó y tomó su bicicleta valorada en USD 150.

“No tengo mucha esperanza de recuperar mis cosas, pero ojalá lo atrapen”, asegura.

Su caso se encuentra en la Fiscalía de Soluciones Rápidas. A ese despacho llegan las denuncias por abuso de confianza, por estafa, por robo de celulares, de casas, de vehículos, de accesorios, hurtos, lesiones, intimidaciones, etc.

Por el monto del asalto, Segundo no ha contratado un abogado, sino que él mismo se encarga de averiguar su caso.

Desde el robo, dos veces ha visitado la Fiscalía. La primera fue cuando presentó la denuncia y la segunda fue el lunes para reconocer firma y rúbrica. Ahora esperará que lo llamen a dar su versión.

En contexto

El robo a personas es uno de los delitos que más se denunció el año pasado. En el país se reportaron 26 123 casos. El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, aseguró la semana pasada que la Fiscalía requiere de más personal para atender mejor.

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