La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) instala hoy (19 de junio de 2017= su período 47 de sesiones en Cancún, México.
El lema escogido para la cita fue: “fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad”. El primer tema a tratar, incluso antes de la inauguración formal, será la crisis que enfrenta Venezuela.
En la primera reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el 31 de mayo, Ecuador ya adelantó una posición. “Los conflictos de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos, sin injerencias externas”, publicó la Cancillería.
Ecuador insistió también en la necesidad de retomar las acciones iniciadas por la comisión creada por la Unión de Naciones Suramericanas.
Será la primera reunión en la que participará la nueva canciller María Fernanda Espinosa. Ya adelantó que a Ecuador le interesa tratar “otros temas de interés para la región”, como el combate a la pobreza, el narcotráfico, asuntos migratorios. Y agregó que “América Latina y el Caribe no es solamente Venezuela”, que hay otros asuntos como la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Una propuesta de EE.UU., México, Perú, Canadá y Panamá que se prevé presenta, en cambio, pide cancelar la Asamblea Constituyente en Venezuela que fue propuesta por Nicolás Maduro, para salir de la crisis política.
Pero ayer (18 de junio) se conoció que al menos 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom) -aliados tradicionales de Venezuela- no recogerán esas demandas en la sesión.
Un segundo tema sensible en la agenda de la OEA es la propuesta de resolver sus problemas financieros, duplicando su presupuesto, para asegurar así la sostenibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se vio obligada a suspender audiencias y casi pierde al 40% de su personal. Las donaciones voluntarias resolvieron el problema.
Para esta cita de la OEA, cientos de organizaciones de la sociedad civil de la región enviaron una carta conjunta a los representantes de los Estados, para que se priorice el tema y se reafirme a la CIDH, en su autonomía e independencia.
Ellos sostienen que el SIDH cumple un rol fundamental de denuncia y de alerta temprana frente a situaciones que comprometen la democracia y el Estado de Derecho.
Las organizaciones mencionan a la CIDH y la Corte Interamericana, como organismos que “han salvado y continúan salvando vidas”, que “combaten la impunidad y ayudan a asegurar la verdad, justicia y reparaciones a las víctimas”.
La carta llegó también a Carondelet y a la Cancillería ecuatoriana; sin embargo, el nuevo Gobierno no se ha pronunciado aún sobre el tema.
En el Gobierno anterior, Ecuador se comprometió a colaborar, pero exigió cambios en el modelo de financiamiento y funcionamiento del SIDH.
La idea de una reestructuración fue primero promovida por el excanciller Ricardo Patiño, desde 2013, y después por su sucesor Guillaume Long.
En mayo pasado, Long; a través de un comunicado de la Cancillería, afirmó que la crisis de la CIDH era el resultado de un modelo equivocado, que además “ha politizado el tratamiento, defensa y promoción de los derechos humanos”.
El tercer tema que tratará la OEA son las elecciones de los candidatos que ocuparán las vacantes del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), durante el período 2018-2020. Ecuador puso un nombre sobre la mesa: el del exsecretario Jurídico de la Presidencia del gobierno pasado, Alexis Mera.
La propuesta fue hecha por la Misión Permanente de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, dirigida por Marco Albuja, con base en “la destacada trayectoria profesional” de Mera, quien se reintegró al estudio jurídico Romero Menéndez, tras su salida de Carondelet.
El CEJA fue creado por la OEA, en 1999, para apoyar la modernización de los sistemas de justicia de la región.
El organismo tiene su sede en Chile y su objetivo es ofrecer asistencia técnica a los Estados, capacitación, estudios e investigaciones, así como formular recomendaciones e impulsar la cooperación. Pero es una entidad sin efectos vinculantes sobre los países.
El único ecuatoriano que consta en la lista de exconsejeros es el actual defensor Público, Ernesto Pazmiño, durante dos períodos, desde 2011 hasta 2016, e incluso ocupó la Vicepresidencia del organismo.
Este Diario consultó a la Cancillería, vía correo electrónico, sobre estos temas, pero hasta el cierre de esta edición las respuestas aún se gestionaban. De igual forma se intentó contactar a Mera, en
su estudio jurídico de Guayaquil, sin éxito.