Una de las últimas sesiones del Consejo Provincial liderada por Alexandro Tonello. Foto: Cortesía / Consejo Provincial
A pesar de que permanece detenida desde hace 60 días, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, no está del todo desconectada de la gestión de la institución.
Alexandro Tonello, prefecto subrogante, contó que desde mediados de noviembre acude una vez por semana hasta la cárcel de Cotopaxi para revisar junto a Pabón asuntos administrativos del Gobierno Provincial.
La funcionaria, de las filas de la Revolución Ciudadana, cumple prisión preventiva dentro de un proceso judicial por presunta rebelión durante el paro de octubre.
“No es lo más agradable ir a Latacunga y en esas condiciones despachar”, comentó.
A raíz del arresto, en la Prefectura se conformaron dos equipos de trabajo. Uno, encargado de impulsar el proceso legal para intentar revocar la prisión de Pabón. Y un segundo, cuya misión es coordinar el trámite de los asuntos administrativos inherentes al organismo. Esta última instancia la lidera el Prefecto subrogante.
Tonello cree que la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares a favor de Pabón “fue un primer logro del equipo jurídico”.
La Comisión también dictó medidas de protección a favor del exasambleísta Virgilio Hernández y del activista Christian González.
En principio, la Prefectura concedió una licencia sin sueldo de dos meses para que Pabón no pierda su cargo mientras se sustancia el proceso en su contra.
El recurso se aplicó con base en el artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).Sin embargo, este período culminó el domingo último.
Al día siguiente, el Gobierno Provincial otorgó 11 días de vacaciones a Pabón, con la intención de justificar su ausencia hasta el 19 de diciembre. Esto ocurrió, pese a que la Prefecta aún no cumple un año al frente de la entidad.
Según Tonello, la figura que se aplicó fue la de vacaciones anticipadas, descrita en el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). “Es una decisión perfectamente legal, le hemos facultado los 11 días por el tiempo proporcional que ha trabajado”, manifestó.
La defensa de Pabón también incluirá en su estrategia al Consejo Provincial, integrado por los ocho alcaldes de Pichincha, siete representantes de juntas parroquiales, además del Prefecto subrogante.
Este viernes se efectuará una sesión ordinaria del Consejo, en la que se prevé que los abogados de Pabón presenten una moción para que se extienda el período de licencia de la Prefecta, de manera extraordinaria.
Ramiro Aguilar, abogado de la funcionaria, envió un memorando al Prefecto subrogante, en el que pide que el Consejo Provincial no tome ninguna resolución que vaya en contra de las medidas cautelares de la CIDH.
Esa comunicación fue remitida a todos los alcaldes y vocales de juntas parroquiales de Pichincha.
Pablo Jurado, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope), sostuvo que respalda la decisión adoptada por la CIDH, en la que pide al Estado “garantizar la integridad física y la vida de la prefecta Pabón”.
Para Diego Cevallos, jurista especializado en gobiernos locales, una vez vencido el plazo de vacaciones anticipadas, que expira el próximo jueves 19 de diciembre, Pabón podría incurrir en causales de remoción. “En el caso de las licencias a los integrantes del Gobierno Provincial, cualquier requerimiento que exceda el plazo de 60 días no tiene base legal alguna”, señaló.
El constitucionalista Emilio Suárez indicó que las medidas cautelares de la CIDH se refieren a la garantía del derecho a la vida e integridad de Pabón, no a sus derechos políticos u otro aspecto cuya resolución corresponda al Consejo Provincial.
La Secretaría de Derechos Humanos ya anunció que se coordinará el cumplimiento de las medidas con las instituciones de Rehabilitación Social y los representantes de los detenidos.
Tonello pide que se le permita a Pabón defenderse en Libertad y dice que un escenario de remoción por ahora “no está contemplado”.
El próximo lunes 16 de diciembre se efectuará en la Corte Provincial de Pichincha la audiencia de revocatoria de prisión preventiva que pesa contra Pabón, Hernández y González.