El pasado lunes 10 de febrero de 2020, en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia se presentaron los delegados de la Fiscalía y la Procuraduría y los defensores de los 21 procesados por el caso Sobornos. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Las evidencias recopiladas en el caso Sobornos 2012-2016 llegaron a la Corte Nacional de Justicia bajo resguardo policial. Un grupo de 10 agentes con fusiles custodiaba las computadoras, carpetas y documentos judicializados.
Minutos antes de las 08:00 del pasado lunes 10 de febrero de 2020, el personal de la Fiscalía colocó en medio de la sala de audiencia las 32 cajas que contienen el expediente del proceso. Luego, llegaron los abogados de los 21 procesados y también la fiscal General, Diana Salazar. Finalmente ingresaron al salón los jueces Iván León (principal), Marco Rodríguez e Iván Saquicela. Cada uno tenía una carpeta y una agenda en sus manos. Vestía una toga negra.
Se sentaron en el estrado y pese a las quejas de la defensa de Rafael Correa, instalaron la fase de juzgamiento. Minutos antes, Fausto Jarrín, abogado del expresidente, dijo que dudaba de la imparcialidad del Tribunal y que estaba inconforme con los jueces, pues habían continuado con el juicio pese a su demanda de recusación. Se trata de una figura legal que busca separar al Tribunal del proceso.
Ya en la sala de audiencia, el Tribunal dijo que era competente para conocer el caso y dio la palabra a la fiscal Salazar. Ella se puso de pie e inició su intervención con una frase: “Un gobierno corrupto desprestigia la administración pública y traiciona la confianza del pueblo”.
Después mencionó los principales hallazgos de la investigación. Indicó que entre el 2012 y 2016, en el Gobierno se instauró una estructura delincuencial liderada por el expresidente Rafael Correa y sus ministros, quienes recibieron sobornos de empresas, que, a cambio, obtuvieron contratos con el Estado, principalmente para obras viales.
“Los funcionarios actuaron de manera simultánea y coordinada para transgredir la correcta administración pública”, dijo Salazar. La Fiscalía determinó que el dinero desembolsado por las compañías se usó para pagar las actividades del movimiento Alianza País, por ejemplo, los servicios de alimentación, publicidad, fotografías,sabatinas y fiestas de cumpleaños. El monto que habrían recibido en coimas es de USD 7,7 millones. Alrededor de USD 1 millón se habría entregado en efectivo y 6,7 millones a través del cruce de facturas. Este dinero era recibido y contabilizado por las procesadas Pamela Martínez y Laura Terán.
Los abogados de los acusados tuvieron 10 minutos cada uno para cuestionar lo que expuso Fiscalía. La mayoría negó la imputación y dijo que sus clientes eran inocentes.
Gabriela Moreira, abogada del empresario Pedro Verduga, reconoció ante el Tribunal que su cliente fue presionado para que entregara dinero a Pamela Martínez, a cambio de que el Estado agilizara una serie de pagos a su constructora.
“Había contratos de los cuales ya se habían ejecutado las obras, pero no había recibido el pago respectivo. A cambio de cancelar lo adeudado, Martínez presionaba a mi cliente para que hiciera los aportes”, señaló. Pero no detalló de cuánto eran los montos.
Moreira también indicó que días antes de que se iniciara la fase de juzgamiento, Verduga recibió presiones de un procesado, quien le pidió que cambiara su versión y que firmara un contrato de servicios para justificar las facturas en las que aparece Equitesa. “Le pidió que relate una versión falsa en su testimonio, sobre la firma de un contrato de prestación de servicios”. La abogada no detalló de quién se trata, pero advirtió que su cliente revelará el nombre cuando dé su testimonio.
En cambio, los otros 20 abogados criticaron cuestiones de forma y de fondo. Dijeron que los hechos relatados por la Fiscalía no se ajustan al delito de cohecho establecido en el Código Integral Penal (art. 280).
Jarrín, abogado de Correa, dijo que “lo que afirma Fiscalía son falacias. En todo el expediente no hemos encontrado ningún elemento de convicción que evidencie que Rafael Correa cometió el delito”. También señaló que su cliente nunca suscribió ni firmó contratos. Días antes de que se instale la audiencia, el jurista pidió al Tribunal que admita como prueba nueva un informe del Consejo Nacional Electoral en que se concluye que no existieron irregularidades en la contabilidad de Alianza País sobre los fondos recibidos para campañas electorales.
María del Mar Gallegos, defensora de Alexis Mera, expuso a los magistrados que no existen pruebas contra su cliente y que hay inconsistencias procesales, pues no se han realizado pericias en contratación pública para demostrar irregularidades en la suscripción de contratos.
Mera compareció a la cita judicial a través de videoconferencia. Lo mismo ocurrió con el exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra en la cárcel de Cotopaxi. La asambleísta Viviana Bonilla y el exasesor de Duarte, Yamil Massuh, presenciaron la diligencia desde la Corte Provincial del Guayas. Al menos 20 testigos, entre estos el empresario Tomislav Topic, siguieron el desarrollo de la audiencia desde allí. Para ellos, la Corte Provincial facilitó una pantalla plana, micrófonos y el sistema de audio. En cambio, la exministra María de los Ángeles Duarte sí asistió al alto Tribunal en Quito.
En contexto
El delito de cohecho permite el enjuiciamiento de los sospechosos en ausencia. Los 21 procesados se enfrentan a penas que van desde el año de cárcel hasta los siete años. La Procuraduría solicita que se repare al Estado con los bienes de los procesados.