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José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división Americas de Human Right Watch, dice que “lamentablemente” no le sorprende el juicio contra Leopoldo López, ya que el Presidente Nicolás Maduro “ha ejercido el poder sin límites internos, llevando a Venezuela a la peor crisis de derechos humanos de los últimos años”.
“La persecución política de Leopoldo López es un buen ejemplo del ejercicio arbitrario del poder por parte del actual gobierno”, afirma.
¿Considera que Leopoldo López es un preso político?
“Más allá de los rótulos, lo central en este caso es que López está preso sin que la fiscalía hubiera presentado, hasta ahora, evidencias creíbles de que cometió un delito, violando las más básicas garantías del debido proceso, que datan del siglo XVIII. Por ejemplo, es una barbaridad que lo acusen de incitar a la violencia por decir frases como “tenemos que conquistar la democracia”. Las más altas autoridades del gobierno han sostenido que López es el autor intelectual de la violencia ocurrida el 12 de febrero. Dada la subordinación del Poder Judicial al gobierno, y que la jueza a cargo del caso es una jueza provisoria sin estabilidad en su puesto, es muy difícil que López reciba un juicio justo en Venezuela”.
¿Qué señal quiere dar Maduro con este proceso?
“Sin duda es un mensaje intimidatorio hacia la oposición política. Leopoldo López es un rehén de Maduro, y se encuentra detenido porque el gobierno puede hacerlo sin rendirle cuentas a nadie. Solo bastan unas cuantas teorías conspirativas para justificar estas arbitrariedades y de paso descalificar a los opositores”.
¿Cree que la Unasur debería intervenir en el caso de López?
“Para la credibilidad de Unasur, es importante que este esfuerzo diplomático se traduzca en resultados concretos y visibles pronto. Hasta ahora, eso no ha ocurrido. Sin ninguna duda, los países miembros de Unasur deberían exigirle al gobierno venezolano que libere inmediatamente y sin condiciones a todos aquellos que han sido detenidos ilegalmente en el marco de las protestas”.