El miércoles, el fiscal general, Paúl Pérez, (centro) estuvo en una diligencia. Él analiza los datos de Chicaiza. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Los documentos son reservados y el 6 de agosto será la primera vez que se los conozca. Ese día se realizará la audiencia preparatoria de juicio por el caso Balda.
En la diligencia, además de acusar o no a los seis procesados del caso, la Fiscalía deberá presentar el contenido de la cooperación eficaz de Raúl Chicaiza y Diana Falcón.
Ellos son los dos exagentes de Inteligencia que entregaron información a la Fiscalía, a cambio de una rebaja en sus penas. El convenio entre los dos procesados y la entidad se concretó hace dos meses.
Pero, ¿qué contiene la cooperación eficaz? Diego Chimbo, abogado de los dos exuniformados, dice que son datos que revelarían tres cosas.
La primera es sobre una supuesta actividad ilegal que tenía el exasambleísta Fernando Balda en el 2012, año en que fue secuestrado en Bogotá.
Según los documentos que entregó Chicaiza, Balda se dedicaba a la venta de piratería informática. Esa actividad, según Chicaiza, la ofertó hasta en Colombia, país al que el exagente viajó para vigilar y monitorear al exasambleísta.
A la defensa de Balda, esas aseveraciones le tienen sin cuidado. Incluso dice que con base en esas supuestas pruebas, la asambleísta Marcela Aguiñaga impuso una denuncia en contra de Balda por espionaje. Los abogados del exlegislador esperan que la Fiscalía investigue los hechos.
El segundo punto que abordará la cooperación eficaz de Chicaiza y Falcón tiene que ver con la cadena de mando que ordenó el secuestro del exasambleísta en Bogotá.
Según Chimbo, esa información está ligada directamente con la participación del expresidente Rafael Correa y de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia.
El jurista dice que para demostrar que ellos sí conocían del plagio del exlegislador, Chicaiza entregó a la Fiscalía audios, videos, fotos, cartas, correos electrónicos y depósitos bancarios.
Pero esto ha sido rechazado por Caupolicán Ochoa, abogado del exmandatario. El jurista ha indicado que no existe prueba alguna de que el exjefe de Estado haya participado u ordenado el secuestro de Balda. Lo mismo ha señalado Stalin Oviedo, abogado de Romero. Él ha dicho que Chicaiza y Falcón no tienen pruebas reales de sus acusaciones y espera que la Fiscalía verifique los datos entregados por los dos exuniformados. Además, indica que al ser exagentes de Inteligencia, solo respondían a la Policía y no a la Secretaría de Inteligencia (Senain).
Por último, la defensa de Chicaiza y Falcón dice que también se entregó información sobre los supuestos responsables de los otros dos delitos que la Fiscalía investiga.
Esos ilícitos son peculado y fraude procesal. En este último, por ejemplo, Chimbo asegura que pueden demostrar cómo la investigación del secuestro de Balda no avanzó en Ecuador. Entre las evidencias que tienen están grabaciones y notas de papel. Además de testimonios de exfuncionarios de alto rango y una lista con los nombres de personas que pidieron que las indagaciones no sigan su proceso normal.
El fiscal general, Paúl Pérez, ya se ha referido de estos hechos. Según el investigador, tras hacer un análisis a la gestión de los últimos años, se evidenció que había indagaciones que se pararon sin razón alguna. Él ha señalado que tiene nuevos elementos en contra del exmadantario y también ha dicho que hay nuevas personas que serán indagadas por los dos delitos.
Entre las personas que Chicaiza grabó están exministros, asambleístas y policías. Con esos datos, la defensa del exagente solicitará a la Fiscalía que sus clientes solo paguen el 10% de la pena completa.
Es decir, de los seis años que el Código Penal establece por el secuestro, la condena podría ser menor a un año de prisión para los dos exuniformados.