Este 22 de julio del 2019, los asambleístas Jeannine Cruz, Raúl Tello y Fabricio Villamar presentaron las pruebas de cargo por el juicio a algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.
Un oficio que indica que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Carlos Tuárez, sigue siendo un sacerdote, y videos en las que se oyen consignas durante las sesiones de este organismo, llegaron este lunes 22 de julio del 2019 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
Los insumos fueron entregados por los asambleístas Jeannine Cruz, Raúl Tello y Fabricio Villamar, quienes demandaron que el proceso de juicio político que impulsan contra Tuárez y los consejeros Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez debe llevar a su censura y destitución.
A cada uno les tomó unos veinte minutos exponer sus argumentos. La sesión arrancó media hora después de la convocatoria, cuando la Comisión logró reunir a siete de los 13 asambleístas que se requieren para el quórum. Ninguno de ellos tuvo preguntas para los interpelantes.
Cruz, de las filas de Creo, fue la primera en intervenir. Ella acusó a los cuatro consejeros de haber cruzado “la línea roja” cuando, el 10 de julio pasado, resolvieron conformar una comisión para revisar la designación de la Corte Constitucional, hecha por el Consejo transitorio.
La asambleísta sostuvo que esa resolución sigue en firme, pues ninguno de los consejeros pidió su reconsideración, pese a que la semana pasada decieron frenar el proceso debido a las medidas cautelares otorgadas por dos jueces.
“El delito está consumado”, remarcó Cruz, quien también impulsa una denuncia en la Fiscalía, al señalar que los cuatro consejeros desacataron un dictamen de la Corte que impide echar abajo las decisiones del transitorio.
Para Cruz, no se trata de un hecho aislado. Ella llevó videos de las sesiones del Cpccs, en uno de los cuales se oye a la consejera Desintonio proponer que se pida información de los nombramientos a todas las autoridades seleccionadas por el Consejo transitorio.
En otra grabación se escuchan consignas de “resistencia” por parte de barras en el Pleno del Cpccs y, según indicó, corresponde a la sesión del 4 de julio cuando un grupo de juristas fue invitado por el organismo con el propósito de encontrar una vía para revisar las actuaciones del Consejo anterior.
También presentó publicaciones hechas en Twitter por los consejeros cuando estaban en campaña por la pasada contienda electoral.
El asambleísta Raúl Tello, del movimiento Unidos por Pastaza, remarcó que los cuatro deben ser censurados por lo que tachó de “actitud desafiante a la institucionalidad” del país. “Ellos han actuado de manera dolosa y contra el derecho a la seguridad jurídica“, remarcó.
A su turno, Villamar, del movimiento Ahora, entregó una carpeta a los integrantes de la mesa parlamentaria. Entre los documentos constaba un oficio en el cual el vicario provincial de la orden Santa Catalina de Siena certifica que José Tuárez no ha perdido su condición de sacerdote.
Para Villamar, esto atenta contra la ética laica e independencia previstos en la Constitución y en la Ley del Consejo de Participación Ciudadana. Por lo que dijo que Tuárez debe ser censurado por falta de probidad.
Villamar también alertó a la Asamblea que Tuárez había presentado en Ibarra una acción de protección para tratar de frenar el proceso de interpelación en su contra.
La oficialista Johana Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, subrayó que ninguna otra función del Estado puede interferir en un proceso de control político.
Cedeño informó que los cuatro consejeros serán convocados el próximo lunes para que presenten sus descargos.
En principio, eso estaba programado para el jueves próximo, pero la Asamblea desarrollará ese día sesiones en Guayaquil en homenaje a las fiestas de esta ciudad.
Tuárez confirmó, durante una entrevista para radio FM Mundo, que acudirá a la Comisión de Fiscalización para presentar sus descargos.
“Por supuesto que me presentaré y responderé a los cuestionamientos que ellos me han enviado, de tal suerte que vamos a ver que ese juicio político no tiene fundamentos jurídicos para que pueda llevarse a cabo”, manifestó.
Tuárez también se declaró como una “víctima de linchamiento mediático” y sostuvo que esto le llega a provocar “hasta problemas hasta psicológicos”.
Señaló que ha pedido a la Contraloría que realice un examen especial a la hoja de vida que presentó para la inscripción de su candidatura al Cpccs, en la pasada contienda electoral, frente a los cuestionamientos que existen.
También dijo que ha elevado una consulta a la Corte Constitucional (CC) sobre si la mayoría del Cpccs incurrió en desacato al haber resuelto que se conforme una comisión especial para revisar la integración de este tribunal.
Sin embargo, la oficina de comunicación de la Corte negó que haya recibido esa petición.