Un funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito, en Quito, entrega las licencias requeridas por los usuarios. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
Nueve meses después de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) denunciara judicialmente que una red de ‘hackers’ vulneró sus sistema informático y entregó 15 970 licencias ilegales, ahora la misma entidad señala que 12 299 (77%) sí son válidas.
El director de la ANT, Álvaro Guzmán, confirmó que apenas 1 915 permisos muestran “pruebas claras” de que fueron entregados de forma irregular.
Los primeros estudios también permitieron dar de baja 500 documentos. Otro número similar tendrá el mismo tratamiento luego de un fallo fiscal. Además,se hallaron licencias duplicadas (ver tabulado).
La organización Justicia Vial conoció estos datos el viernes 21 de diciembre del 2018 y dijo que es “bochornoso”.
Su presidente, Guillermo Abad , manifestó su preocupación y advirtió que la denuncia de marzo se podría tomar incluso como maliciosa y temeraria. “Lo que preocupa es que sea la propia ANT la que se retracte de su denuncia”.
La Agencia de Tránsito aseguró tener respaldos que demuestran que 12 299 licencias son válidas. Esas evidencias son, por ejemplo, el examen psicosensométrico que presentan los conductores en el momento de acceder a los permisos para conducir.
Según la Agencia, también está en su poder los exámenes tomados a los alumnos en las escuelas de conducción.
Para el Presidente de Justicia Vial, esta situación solo genera más preocupación. “Me parece absurdo que se haga una denuncia de esa magnitud sin tener las evidencias necesarias”.
Abad se plantea una pregunta: “¿En dónde estuvieron esos exámenes psicosensométricos y las evaluaciones de las escuelas cuando se presentó la denuncia de marzo?”.
Ese mes, los directores de la ANT convocaron a una conferencia de prensa y dijeron que entre diciembre del 2017 y enero del 2018, la banda de ‘hackers’ recibió USD 3 millones por la venta de documentos ilegales y por modificar del historial de conducción.
Aseguraron que por una licencia se cobraba entre USD 250 y 4 000. Por los demás servicios ilícitos se exigía entre USD 100 y USD 5 000. A la denuncia se adjuntaron los resultados de una auditoría interna. Allí se detalla que los ‘hackers’ vulneraron cuatro : gestión de licencias, gestión de infracciones, matriculación vehicular y emisión de certificados.
Por eso, la presidenta del Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Cavat), Soraya Herrera, mira con sorpresa los nuevos datos de la Agencia Nacional de Tránsito.
La primera semana de enero enviará una carta al Director de la ANT y pedirá una reunión para tratar el tema.
Cavat forma parte del Consejo Consultivo que trata los temas de tránsito en el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Por eso pide explicaciones y asegura que los nuevos datos de la Agencia son un “retroceso” para la seguridad vial, pues el problema “va más allá de los 15 970 documentos denunciados inicialmente”.
El mes pasado, Cavat solicitó por escrito la lista con los nombres de las personas que habían recibido las licencias ilegales, pero no hubo respuesta.
Frank Fuentes, representante de BiciUnión también expresó su preocupación por este tema. “Esto es un síntoma del estado en el que se encuentra la Seguridad Vial”.
Advierte que se debe endurecer los procesos para otorgar permisos tanto profesionales como sportman.
Entre los transportistas, este caso fue conocido en la Federación de Zamora. Sus representantes saben que el tema de las licencias ilegales es “un problema de siempre”.
“Viene gente muy joven que sabe manejar, pero no tiene licencia y de un día para otro la consigue”, señala el Wilmer Malla, representante de la Federación de esa provincia.
Por ahora, la Agencia de Tránsito asegura que se mejoran las seguridades de su sistema informático. Cuando se presentó la queja de marzo, las autoridades de ese entonces aseguraron que las seguridades eran frágiles e insuficientes. Por eso se pidió a la Contraloría que audite cómo se adquirió y gestionó el ‘software’ durante las anteriores administraciones.
Entre las fallas que la auditoría interna de ese momento reveló fue la falta de una opción en el sistema que permita hacer el seguimiento a los documentos emitidos. En la Fiscalía, el caso está bajo reserva.