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A dos años de la aprobación del matrimonio igualitario, ¿qué derechos de la población Lgbti están pendientes?

Ecuador reconoció el derecho al matrimonio civil igualitario el 12 de junio del 2019. Se cumplen dos años de la histórica decisión de la Corte Constitucional. Foto: EL COMERCIO

Hace dos años, el 12 de junio del 2019, la Corte Constitucional aprobó el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo en Ecuador. Diez años antes, Pamela Troya inició la lucha por ese derecho, que culminó con la decisión histórica del más Alto Tribunal. 

En el segundo aniversario del matrimonio igualitario, este 12 de junio del 2021, la activista conversó con EL COMERCIO sobre los derechos que aún están por conquistar para la población Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo). 

El pendiente de la Asamblea 

Pamela Troya recuerda al Legislativo que la sentencia del matrimonio igualitario especifica que toda la legislación secundaria se tiene que adaptar para que se modifiquen los puntos en donde se hable de matrimonio entre hombre y mujer y para que se defina el nuevo concepto de matrimonio, que sería en este caso la unión de dos personas y no de un hombre con una mujer. 

“El derecho ya se ha efectivizado, hasta ahora 267 parejas del mismo sexo se han casado. Sin embargo, la Asamblea tenía que reformular la definición de matrimonio en función de lo que aprobó la Corte Constitucional y no lo ha hecho”. 

Adopción para parejas del mismo sexo 

El tema de la adopción es un pendiente que lamentablemente también está restringido en la Constitución, dice Troya, ya que esta sostiene que solo es factible para parejas de diferente sexo. 

Sin embargo, la activista señala que la misma Opinión consultiva 24/17 con la que se logró el matrimonio igualitario, al ser vinculante, habla del reconocimiento de las familias homoparentales y de los niños y niñas dentro de las mismas. “El camino tiene que seguir siendo la Corte Constitucional porque no hay otro mecanismo”. 

“No es realmente un capricho como lo quieren mostrar, sino que es la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes que están frente a procesos de adopción en casas de acogida del Estado puedan tener la posibilidad de una atención integral, de contar con un hogar que les brinde el amor que requieren” 

El hecho de que parejas del mismo sexo puedan adoptarles, dice Pamela, ampliaría las posibilidades para esos chicos. “Es importante que se pueda adoptar. Existe legislación internacional que ha dicho categóricamente que la orientación sexual no te hace ni más ni menos padre, no es una variable para determinar la buena o mala paternidad”. 

Ley de identidad de género 

Hace falta una ley de identidad de género, reflexiona Troya, que permita el acompañamiento a las personas transgénero y la obligatoriedad del sistema de salud para que reciban atención psicológica y en su transición corporal o procesos de reasignación sexual si así la persona lo desea. 

Asimismo, la activista señala que es importante reformular la Ley de datos civiles e identidad, que desde el 2015 permite sustituir el campo “sexo” por la palabra “género” en su cédula. Sin embargo, Troya anota que para hacerlo se requieren dos testigos que digan que la persona es trans por al menos dos años. 

“Eso es una clara vulneración a la autodeterminación de la persona. Una nueva Ley de identidad trans debería tener esto solventado y que las personas no tengan que pasar por este proceso bochornoso para poder acceder al cambio en la cédula”. 

Ley contra la violencia hacia la población Lgbti 

“Las parejas del mismo sexo también viven violencia, porque somos hijos de esta misma cultura y existen roles de género, estereotipos”, admite Pamela. Por eso considera que es necesario trabajar en una Ley en contra de las violencias hacia la población Lgbti. 

“Lamentablemente cuando se trató la Ley contra la violencia hacia las mujeres en el 2018 queríamos que la población Lgbti sea visibilizada en ella. Quedaron en ubicar el punto como transitoria en esa Ley para la defensa de las mujeres pero tampoco llegó ni como transitoria”. 

Es importante que exista una Ley integral, dice Troya, para que las personas Lgbti sepan cómo proceder cuando sus parejas las violentan, cuál es el protocolo, la ruta.  

También, dijo, se requiere personal operativo del Estado capacitado para atender este tipo de violencia sin que haya estigma ni discriminación sobre la pareja homosexual. Además, señaló, es necesario, a través de esta ley, proteger a las personas que son víctimas de violencia por tener una orientación sexual o una identidad de género diversa.