La circunstancia económica y política de Grecia también podría ser leída como una tragedia de Sófocles o Esquilo; es decir, como una serie de actos pensados para honrar grandes valores como la justicia, la valentía y el honor, pero en donde siempre hay un enorme perdedor que pone la cuota de sacrificio para recuperar el favor de los dioses.
Tras la contundente victoria electoral de Syriza, un partido de izquierdas, las nuevas autoridades económicas han anunciado una serie de medidas entre las que destacan estas: aumentarán el salario mínimo de 586 a 751 euros; rehabilitarán el acceso universal gratuito a los servicios de salud para 3 millones de griegos que no tienen cobertura; volverán a contratar a unos 10 000 empleados públicos que habían sido echados por falta de fondos; pagarán un bono navideño a los jubilados con pensiones inferiores a 700 euros mensuales; se suspenderá la privatización de empresas públicas y se volverá a firmar contratos colectivos con los sindicatos.
Las nuevas autoridades han dicho que estas medidas buscan la igualdad y la justicia social, pues se pretende sacar de la pobreza a centenares de miles de familias que han sido afectadas por la crisis económica que viven Grecia y Europa.
El problema es que este paquete de salvataje social tiene un costo de 13 000 millones de euros y no está claro de dónde vendrán los fondos para financiarlo.
Grecia es un país con una deuda gigantesca –equivalente al 175% de su PIB– que ha debido entrar en severos procesos de ajuste para impedir su quiebra total. Meses atrás llegó a un acuerdo de reestructuración crediticia con el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea que ahora el nuevo Gobierno ha desconocido.
Si la contraparte europea y el nuevo Gobierno griego no se pusieran de acuerdo pudieran cesar los flujos de refinanciamiento que habían sido acordados previamente, lo que forzaría a Grecia a abandonar el euro, para comenzar a imprimir su propio dinero.
Una medida extrema como aquella provocaría pérdidas enormes a toda la sociedad griega, pero fundamentalmente a los más pobres, es decir a quienes supuestamente las autoridades recién electas desean proteger.
La inflación y la devaluación se encargarían de liquidar hasta el último vestigio de ahorro y riqueza que todavía podrían guardar los sectores más pobres de aquel país, sembrando las condiciones para una crisis social y política mucho más grave que la actual.
Durante las últimas elecciones, la facción neonazi –cuya cúpula está en la cárcel, por asociación criminal– quedó nada menos que en tercer lugar y, si las cosas se pusieran peor, podría cobrar un protagonismo inusitado, con las graves consecuencias que ello supondría para la estabilidad del sistema europeo.
@GFMABest