En el marco de la universidad más antigua de España y una de las más viejas y venerables de Europa, la de Salamanca, con 800 años de producción académica, se reunió el pasado 6 de septiembre la XXII Conferencia Iberoamericana de Educación con la asistencia de los ministros y ministras de Educación de España, Portugal y América Latina convocados por la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI.
Uno de los puntos centrales de esta cita fue escuchar la voz de la sociedad civil de la región congregada en el espacio denominado Consejo Asesor de las Metas 2021, conglomerado plural que acoge a académicos prestigiosos, periodistas, representantes de docentes, padres de familia, redes y ongs de educación, organizaciones ciudadanas, estudiantiles, afros e indígenas.
Este Consejo Asesor CA dijo con mucha fuerza que “en la actualidad la formación de la conciencia ciudadana, la opinión pública y la participación requieren información estructurada y verídica y no partidaria ni publicitaria…Tenemos la certeza que el trabajo que tenemos por delante necesita la participación y el compromiso de la sociedad civil, que aquí representamos”.
“No toda necesidad educativa se convierte en demanda, por lo es también una tarea de todos y todas educar a todas las personas para que puedan demandar y hacer exigible su derecho a una educación de calidad…”.
“Por todas esas razones, reconocemos como una tarea urgente fortalecer y articular los sistemas de información, monitoreo y evaluación de las políticas públicas…… La educación debe contribuir al desarrollo de sociedades más justas, democráticas y participativas. En este marco, la participación social en educación es de vital importancia para el ejercicio de la ciudadanía y la construcción y seguimiento de las políticas públicas que consideren los intereses, visiones y expectativas de la sociedad. La voz de todos los actores sociales potencia la democracia, por lo tanto debe ser escuchada para avanzar en los diversos procesos de mejora del sistema educativo”…
Estos asertos del CA coinciden con la Declaración de Quito de Abril del 2012 de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, CLADE: “Es indispensable ampliar y mejorar los mecanismos de control público y participación popular en el debate y toma de decisiones, asegurando el respeto a los derechos humanos… Esto incluye medios democráticos y pacíficos de negociación y representación, que reconozcan a las organizaciones y movimientos sociales como interlocutores legítimos en los procesos de debates y tomas de decisión y en donde el disenso sea reconocido como legítimo”. En tal sentido “La CLADE sostiene que la gestión democrática de los sistemas educativos es clave para la realización de una educación promotora de todos los derechos humanos”.
En fin, al buen entendedor…