El diagnóstico sobre las finanzas públicas de Ecuador es conocido pero vale la pena recordarlo en la actual coyuntura del coronavirus, que puede hundir a la economía o sacarla de su actual estado crítico. Antes de la epidemia del covid-19 el Gobierno tenía que conseguir USD 6 700 millones de financiamiento para este año, siempre y cuando no fallen las proyecciones de otras fuentes de ingreso del Presupuesto del Estado, que básicamente son tres: venta de petróleo, recaudación de impuestos y monetización de activos estatales. Si una o varias de ellas no se cumplen, el Gobierno necesitará conseguir más financiamiento o recortar el gasto público. No hay más opciones.
Pero en la actual coyuntura, todas las proyecciones están fallando y eso obligará a realizar un ajuste, no solo a los ingresos fiscales sino también de los gastos, ya que la epidemia obligará a destinar más recursos a salud, que es un sector prioritario, aunque no el único.
Con la información disponible hasta ahora, las proyecciones de ingresos para este año serán menores porque el precio del petróleo WTI, de referencia para Ecuador, ha caído y hoy bordea los USD 41, lo que ubica al crudo ecuatoriano en unos USD 33 por barril. La proyección para el presente año es que promedie USD 51,3. Aunque el precio podría mejorar en los próximos meses si hay un acuerdo entre la OPEP y sus aliados, lo más probable es que el precio será menor al presupuestado.
Asimismo, las exportaciones de productos estrella como el banano o el camarón enfrentan problemas en el mercado internacional por la menor demanda en países asiáticos y por el aumento de costos de transporte, debido a complicaciones logísticas para llegar a diferentes destinos en Europa, Asia o Medio Oriente. Esa menor actividad económica significará, por un lado, menos ingresos de divisas al país y, por otro, menos ingresos para las empresas que producen y exportan, lo cual tendrá efectos negativos en la recaudación de impuestos.
En el actual escenario, la monetización de activos estatales como la CNT, Banco Pacífico o Sopladora, con la cual el Gobierno prevé conseguir USD 2 000 millones este año, es política y económicamente inviable, ya que el riesgo país que bordea los 2 000 puntos y el castigo que recibirían esos activos por parte de cualquier inversionista sería muy alto.
Por el lado del gasto público, el Gobierno ha hecho un esfuerzo para bajar la masa salarial de la burocracia, sin embargo, es insuficiente frente a la magnitud del déficit fiscal. Hoy se requerirán más recursos para atender gastos en salud y créditos para el sector productivo. Es decir, será necesario que el Gobierno gaste más en esas áreas, lo cual obligará a ajustar el plan económico, pero sin perder de vista las medidas estructurales que necesita el país y que debían tomarse desde antes del covid-19. El primer paso es transparentar la actual situación fiscal para que la sociedad tome conciencia que se necesitan tomar medidas.