Con una disciplina prusiana, Alianza País tiende a convertir su verdad en un dogma de fe. Quien no la acepta es desterrado, aunque solo sea por semanas o meses, sin contemplaciones del paraíso verde flex, donde cualquier disenso es descalificado. Apabullado.
La última muestra de esta estrategia es la sanción que acaba de recibir el asambleísta de la bancada oficialista Fernando Bustamante. El 3 de diciembre, él se abstuvo de votar en el segundo debate del paquete de 15 enmiendas a la Constitución, acogiéndose a la objeción de conciencia.
Sus argumentos de defensa no pudieron aplacar la sanción del Comité de Ética, que le retiró por seis meses los derechos como militante. Y por un mes no podrá participar en las reuniones de la bancada ni en el Pleno.
No es la primera vez que se sanciona a legisladores disidentes. En octubre del 2013 fueron suspendidas las legisladoras Paola Pabón, Gina Godoy y Soledad Buendía por apoyar una moción para despenalizar el aborto en caso de violación.
Esa tendencia del oficialismo a imponer su verdad a cualquier precio se extiende a otros ámbitos, como el de la comunicación, que dejó de ser un derecho para entrar en la categoría de servicio público.
En varios medios hoy es común ver extensas rectificaciones –muchas de ellas diagramadas con textos y fotografías- enviadas por entidades públicas, que deben difundirse de forma obligatoria, exista o no un argumento que justifique el reclamo. Así, la verdad oficial nuevamente se impone como una estrategia sistemática que, por un lado, busca escarmentar al medio y, por otro, difundir ampliamente su versión unilateral. Sin ninguna contrastación.
En un entorno cada vez más intolerante y ortodoxo hoy más que nunca cabe revisar el pensamiento del filósofo y matemático inglés Alfred North Whitehead: “No hay verdades absolutas. Todas las verdades son medias verdades. El mal surge de quererlas tratar como verdades absolutas”.