La mayor demagogia en América Latina es que hablen de izquierda y progresismo, como se hizo hace poco, y admiren proyectos políticos cuyos claros rasgos autoritarios y represivos contra los movimientos sociales e indígenas son similares a los que ha hecho la derecha tradicional, a la que a cada momento critican y hay quienes aplauden sin analizar la realidad ni los hechos parecidos.
Cuestionan en el discurso a los organismos multilaterales y regresan al FMI a pedir ayuda frente al mal manejo económico porque administraron con dispendio la bonanza y no saben cómo enfrentar la crisis. Critican lo que califican intentos golpistas y han sido protagonistas de lo mismo. Empero, no quieren recordar esas acciones condenables -como siempre y en todos los tiempos, al margen de la ley-, que valieron cuando tumbaron pero en el poder les asustan los procesos de fiscalización, hoy inexistentes, y perder el disfrute del poder y los cargos públicos personales y familiares.
Por ello, los proyectos en la región para la reelección indefinida porque no quieren abandonar, pese al fracaso como en Venezuela. Allí están los indicadores oficiales, no de la oposición, que dan cuenta de la más alta inflación, las rígidas restricciones para entregar divisas, las largas colas ciudadanas que se observan para comprar algo de productos básicos, luego de ser uno de los mayores países productores de petróleo del mundo.
La enorme inseguridad ciudadana y los altos índices de criminalidad. La respuesta a estas realidades inocultables: son inventos de los opositores, de los medios de comunicación no gubernamentales y del boicot de los sectores productivos.
Repiten las mismas frases manidas del pasado, acompañadas de nutrida propaganda, pero a la par cometen actos señalados como violatorios de los DD.HH. de los ciudadanos, represión y criminalización de la protesta a los sectores que precisamente, con el discurso de izquierda, les llevaron al poder. Conculcación de las libertades de expresión y de pensamiento. Hay pronunciamientos internacionales de cortes y organismos que confirman estos hechos.
Las familias en el poder pasan a mejor vida, de bienes y elegancia que exhiben, en nombre de la revolución, en contraste con los niveles de crisis, inseguridad y de pobreza. A los críticos y opositores hay que perseguirles, procesarles judicialmente y si es posible encarcelarles y sentenciarles (los presos políticos en Venezuela) para lo que cuentan con jueces propios.
Los altos niveles de impunidad y de corrupción, que se ocultan con amenazas contra denunciantes civiles, porque los entes de control, de fiscalización e investigación y de justicia están sometidos al poder y tibiamente emiten informes, cuando lo hacen tardíamente, sin establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas. Y todo culpa de la derecha y de los medios que les incomodan por sus críticas e investigaciones.