Sebastián Hurtado

Mercado y compadres

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Martes 13 de septiembre 2011
13 de September de 2011 00:01

La aprobación de una legislación de competencia empresarial que se ajuste a los estándares internacionales, traería múltiples beneficios al país. Sin embargo, tal como está planteado el proyecto oficialista denominado “Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado”, que se tramita de forma urgente en la Asamblea, agravará algunos de los problemas que tradicionalmente han afectado la dinámica competitiva en los mercados ecuatorianos.

La ley permite que continúe excluyéndose de la competencia a monopolios estatales que hoy existen y facilitará la creación de nuevos, según lo considere el gobierno de turno. Aquello garantizará la supervivencia de algunas de las más ineficaces y corruptas empresas públicas de la región y dará vía libre al “drenaje” de recursos a través de nuevos “agujeros negros” estatales y sus respectivos contratistas.

También liberará de competidores a industrias seleccionadas y a actores de la “economía popular y solidaria” -cualquier cosa que ello signifique-, hecho que reforzará el “capitalismo de compadres” que rige en Ecuador, en el que muchos negocios dependen del intercambio de favores entre burócratas y empresarios -aunque no se les debería denominar tales-, obteniendo privilegios en la forma de permisos, subvenciones, contratos públicos, cuotas de mercado libres de competencia, etc.

Si algún lector cree que este no ha sido el caso de Ecuador, le invito a intentar importar al país algunos productos como hierro, cemento, harina, sal, etc., para que descubra que su esfuerzo será inútil. Antiguas regulaciones gubernamentales -explícitas o implícitas-, han protegido por años a varias industrias de la competencia local y extranjera, perjudicando por igual a potenciales competidores y a consumidores.

Los funcionarios a cargo del referido proyecto de ley argumentan que ahora los privilegios regulatorios favorecerán a aquellas industrias que promuevan una “sustitución estratégica de importaciones”, o a los operadores económicos que requieren de “acción afirmativa” por parte del Estado, pero eso de ninguna manera resuelve el problema.

Parecen no comprender que el día de mañana, el país puede estar en manos de líderes políticos con intereses distintos, quienes contarán con mayores potestades para limitar la competencia y beneficiar a las industrias de su predilección. ¿Se imaginan a un gran empresario en la Presidencia de la República, decidiendo qué industrias deben o no deben competir?

En conclusión, la nueva ley impulsará antiguas prácticas “competitivas” locales, donde burócratas y productores se sientan a escoger juntos a los ganadores y los perdedores del proceso productivo. Aquello limitará la competencia empresarial en lugar de ampliarla, objetivo contrario de aquel que debería buscar una ley de este tipo.