Para un ciudadano como yo -que estudia estos temas por inclinación periodística más que por vocación política-, es interesante advertir la aparente dicotomía entre el Estado más grande y el mayor bienestar, y el Estado pequeño y más eficiencia.
Expertos sostienen que la correlación entre más Estado y mayor bienestar es espuria, porque corresponde a un mito artificial, pues la evidencia empírica ha demostrado que los Estados pequeños obtienen una mejor puntuación que los grandes.
Un estudio publicado por la Fundación Futuro, en colaboración con el Centre for Policy Studies, “en términos del Índice de Desarrollo Humano de la ONU -basado en estimaciones sobre la salud, la educación y el nivel de vida-, los países con modelos de Estado más pequeños obtuvieron, de media, una mayor valoración que aquellos con modelos de Estado más grandes”.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha analizado resultados en 20 áreas, en las últimas dos décadas. Sus conclusiones son interesantes: los modelos más pequeños redujeron sus ingresos impositivos, mientras los Estados más grandes los incrementaron; el PIB real creció rápidamente en los países con Estado pequeño, así como la renta per cápita; y los gastos en los Estados pequeños aumentaron en servicios públicos que los Estados más grandes, mientras los índices de esperanza de vida y mortalidad son muy parecidos en ambos grupos.
En el caso del Ecuador, la Constitución de 1998 disminuyó el tamaño del Estado; mientras la Constitución vigente (2008), de carácter garantista, aprobada en referéndum, lo amplió. Se evidencia que las ideologías marcan el papel del Estado en las Constituciones, según el contexto político imperante.
Un sano equilibrio entre las normas, los recursos -casi siempre escasos- y las demandas, mediado por la sagacidad de los líderes y los aprestos de concertación, con planes reales y financiados, podrían ser los escenarios para ejercer la democracia en un estado de derecho, con argumentación jurídica, responsabilidad social y eficiencia estatal. ¿Será posible?